Más allá del agua contaminada: desafíos programáticos para un real compromiso con los Derechos Ciudadanos

Creemos que un programa parlamentario y presidencial realmente preocupado por el bienestar de la sociedad debe, entre otras cosas, contemplar una revisión, crítica y propuestas de mejoramiento en torno a la institucionalidad medioambiental.


Por Amaro Oróstica Ortega, Revolución Democrática.
Hace algunos días se publicó en los medios de prensa que, tras un estudio, se encontraron en el agua potable niveles de arsénico mayores a lo permitido por la NCh409/1 (0,01 mg de arsénico/ litro de agua) en las comunas de Arica, Alto Hospicio y Lampa, lo cual ha causado el estupor de sus habitantes, al enterarse a través de la prensa de una situación que se ha sostenido durante años.
Claramente no es el primer ni el único caso. En las últimas décadas, hemos sabido de casos de contaminación ambiental por plomo (como en Antofagasta), metales pesados en el agua (producto de residuos generados por la actividad minera), malos olores (el reciente caso de Freirina), etc.
Ante esto, creemos que un programa parlamentario y presidencial realmente preocupado por el bienestar de la sociedad debe, entre otras cosas, contemplar una revisión, crítica y propuestas de mejoramiento en torno a la institucionalidad medioambiental, que ha demostrado no cumplir óptimamente su rol regulador y fiscalizador de las actividades económicas que afectan el medioambiente; y por otro, debe contemplar también una revisión, crítica y propuestas con miras a establecer una nueva relación entre el Estado y la sociedad, en cuanto al control, regulación y fiscalización del uso económico de los recursos naturales, tales como el agua potable.
Asimismo, en estos casos hay involucrados diversos daños, principalmente a la salud, pero que a la vez importan daños patrimoniales y afectaciones a derechos fundamentales del individuo. En ese sentido, otro de los temas que deben tener tanto los programas parlamentarios como presidenciales debe versar sobre puntos tales como el mejoramiento de los sistemas de acceso a la Justicia para los sectores más vulnerables, la promoción del acceso y la facilitación al ciudadano para poder interponer las reclamaciones a los órganos del Estado competentes en caso de existir responsabilidades por parte de ellos (como en los casos de fiscalizaciones deficientes), en conjunto con una política activa de fiscalización y sanción a los actores que no cumplan con las normas por parte de los diversos órganos administrativos estatales, y por sobre todo, una promoción activa de los Derechos Humanos (como lo es por ejemplo el Derecho a la Salud) a través de la institucionalidad formal y de las prácticas de quienes deben ejecutarla, con el fin de cumplir el rol que le corresponde a un Estado Democrático en la protección a cada uno de los miembros de nuestra sociedad.
Por otra parte, esta clase de problemas por lo general se producen por decisiones de los órganos del Estado y/o por privados, sin consultarles a la Comunidad. En este sentido, la Ley de Participación Ciudadana establece mecanismos de participación tanto a nivel comunal como a nivel de los Órganos de la Administración del Estado; por otro lado, el Convenio 169 de la OIT establece mecanismos de consulta a los pueblos originarios en casos en los que una decisión estatal pueda afectar sus intereses. Sin embargo, la implementación a nivel nacional de estos mecanismos ha sido deficiente o en algunos casos nula, por lo que la praxis política de nuestro Movimiento, y de otros afines, debe tener entre sus metas presionar en ese sentido para su implementación plena.
Finalmente, esta clase de problemas demuestran la necesidad de la creación de una unidad de Defensoría Ciudadana, como existe en otros países, a fin de poder canalizar por vía judicial las diversas demandas e inquietudes colectivas en las cuales se vean afectados los derechos fundamentales, tanto por parte del Estado como por particulares.
Sostenemos, en consecuencia, nuestro compromiso como Movimiento de apuntar parte de nuestras acciones en orden a la defensa de estas ideas, de cara a lo que la sociedad necesita para la promoción de sus derechos, y la defensa en caso de que sean afectados.
Publicado en: www.eldinamo.cl