El diputado Miguel Crispi (RD), miembro de la comisión de Derechos Humanos, ingresó un proyecto de ley para sanciona la incitación a la violencia y a la discriminación, y el negacionismo a los crímenes de lesa humanidad de la dictadura.
La novedad en este proyecto, respecto a la iniciativa contra la incitación al odio ingresada por el gobierno de Michelle Bachelet, e indicada por el ejecutivo actual, es que castiga con presidio menor en su grado medio la negación a las violaciones a los Derechos Humanos entre 1973 y 1990.
“Este proyecto parte de la idea reconocida por Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que es que a libertad de expresión tiene un límite cuando no respeta la dignidad de las personas o de grupos de personas”, explicó Crispi.
“Por ejemplo, los llamados de odio de estos grupos de extremaderecha contra la marcha por el aborto libre, deben ser sancionables. No podemos permitir que grupos amparados en una falsa idea de la libertad de expresión atenten con discursos que incitan a la violencia contra ciudadanas y ciudadanos que ejercen sus derechos a manifestarse”, contextualizó.
“El proyecto incluye la sanción al negacionismo, porque el Estado sigue en deuda en la necesidad de reparación a las víctimas de la dictadura, por graves crímenes que lesionan a la sociedad en su conjunto. La sanción al negacionismo es una garantía de no repetición, que está inspirada en el legislaciones de países de la Unión Europea como Alemania y Países Bajos”, añadió el jefe de bancada de Revolución Democrática.
El proyecto, de autoría de Crispi, lleva las firmas de todos los diputados de oposición de la Comisión de Derechos Humanos –entre los cuales está la presidenta Carmen Hertz, Tucapel Jiménez y Pamela Jiles-, del jefe de bancada de la DC, Matías Walker, y de los diputados FA Gabriel Boric y Tomás Hirsch. Será discutido en la comisión de Derechos Humanos y de Constitución de la Cámara.
