La acción que es impulsada por el diputado Jorge Brito (RD) en conjunto con distintas organizaciones sociales del país, busca por medio de la justicia que Carabineros no pueda hacer uso de los equipos de ultrasonidos que fueron adquiridos últimamente, los cuales están prohibidos en varias partes del mundo y se han detectado que son altamente peligrosos pudiendo causar graves daños a personas incluso a varios kilómetros de distancia.
Para el diputado Brito, quien forma parte de la comisión de Defensa de la Cámara, “pareciera que Carabineros se prepara para una guerra en contra de nuestro país. La compra y el uso de las armas sonoras de alta frecuencia y alto alcance es una amenaza concreta a la salud y la integridad física de la población. Estos son equipos sonoros que emiten frecuencias por sobre los 120 decibeles, superando la norma permitida en Chile, castigando a la población sin distinguir“, expuso.
Puntualizando que “queremos evitar que nuestro país se continúe polarizando y que Carabineros continúe atacando a la población de manera generalizada. Creemos que esto debe detenerse en Tribunales, razón por la cual hemos puesto el recurso que vamos alegar y esperamos ganar con una solicitud de no innovar para que Carabineros no pueda ser uso de estar armas sonoras mientras la justicia no resuelva (…) deben responder por lo que han hecho y debe evitar continuar violar los Derechos Humanos de nuestro país“, cerró el parlamentario de Revolución Democrática.
En ese entendido, la acción judicial está dirigida al reciente nombrado Ministro del Interior Victor Pérez y al Director General de Carabineros Mario Rozas, donde se describe que luego de la actualización de los protocolos del uso de la fuerza de la institución se incorpora “Altavoces de alerta de alta frecuencia” como un nuevo dispositivo, arma y/o munición menos letal (…) aquellos que deben ser considerados como ilegales y/o arbitrarios, pues amenazan la integridad física y psíquica de las personas (…) la adquisición y utilización de un armamento sonoro que sin lugar a dudas conlleva un inminente riesgo a la vulneración de la garantía constitucional”, relata el escrito.
Recordar que ya hace un tiempo la Escuela de Fonoaudiología de la U. de Valparaíso y el Departamento de Fonoaudiología de la U. de Chile hicieron presente los daños severos y masivos que estos ultrasonidos podrían ocasionar “estas armas sónicas emiten sonidos sobre los niveles permitidos o considerados seguros, los que generan severos daños en la audición de las personas expuestas” destacando además que el uso de estos equipos ocasionarían “pérdida auditiva irreversible” expusieron en una declaración pública.
En países como Estados Unidos, Corea del Sur, Turquía entre otros han causado gran polémica y su uso ha sido suspendido. En relación a esto es importante señalar que los dispositivos LRAD tienen un volumen normal de 120 decibeles, pudiendo llegar a un máximo de 140. Considerando que el máximo admitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 65 y médicos han expuesto que la capacidad auditiva se deteriora desde los 75 decibeles y cuando se llega 125 db inicia el dolor con un umbral máximo del mismo de 140 db. Además, se considera que estas armas poseen un alcance de hasta tres kilómetros y afecta no solo a las personas, sino que a la fauna del lugar en que se use aves, mascotas, perros callejeros se verían altamente perjudicado también.
Rodrigo Mundaca, vocero de Modatima y firmante del recurso aseveró que “hoy día no sólo quieren dejarnos ciegos, sino que también quieren dejarnos sin audición por el Gobierno se prepara para continuar reprimiendo (…) desde Modatima rechazamos estas prácticas que violan de forma sistemática los DDHH”.
Con todo, la presentación ante la justicia es respaldada por Movimientos Sociales que han estado alerta ante el inminente uso por parte de Carabineros de estos equipos adquiridos. Colegio de Profesores, Modatima, la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECh), Ukamau son algunos de los firmantes de este recurso de protección.
