Propuestas para una salud digna a defender en la Convención Constitucional

Queremos un Estado social y democratico de derechos. Superar la lógica subsidiaria de la actual constitución y que reconozca el derecho al acceso universal y equitativo a prestaciones de salud, prevención, recuperación, tanto física como mental, con garantías de calidad, oportunidad de acceso y protección financiera.

1.- La salud ha de ser reconocida como un derecho fundamental de las personas y un bien de interés público y responsabilidad colectiva, y no de lógica individual como se entiende actualmente. La prestación de servicios de salud deberá regirse por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia y con enfoque de género.

2.- Avanzar hacia un sistema de salud único, público y de acceso universal, bajo responsabilidad del Estado, que considere un Plan de Salud Universal que defina prestaciones de carácter integral y medicamentos que serán provistos a la población de forma garantizada.

3.- En términos de financiamiento, los fondos recaudados por medio de impuestos generales o cotizaciones obligatorias para el cuidado sanitario de la población serán administrados exclusivamente por una entidad Estatal. Los seguros privados de salud podrán tener un rol complementario y suplementario no sustitutivo al seguro público de salud.

4.- Consagrar que el Sistema de Salud priorizará sus esfuerzos sanitarios en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad y estará basado en la Atención Primaria de Salud. Asimismo, la constitución debiera reconocer que la salud de las personas depende estrechamente de las condiciones sociales en que viven, trabajan y envejecen. En consecuencia, el derecho a la protección de la salud debe incluir expresamente el derecho a habitar un entorno saludable que cumpla con los prerrequisitos para la salud.

5.- Enfatizar en el principio general de participación, declarando que la comunidad tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones, evaluación, monitoreo y rendición de cuentas en materia de salud. El estado debe asegurar que se den las condiciones para que las personas puedan cumplir con este derecho.

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