Protección de Glaciares: señales nefastas

El Protocolo de Acuerdo firmado el 4 de marzo recién pasado, impulsado por el Gobierno y apoyado por algunos parlamentarios, ya vaticinaba de alguna manera el desastre que se avecina para la protección de los glaciares de nuestro territorio.
El Gobierno presentó una indicación que sustituye el proyecto de Ley de Protección y Conservación de Glaciares que se encontraba en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Las señales del Ejecutivo son negativas y se suman al contexto de descrédito de la clase política actual, mostrando nuevamente que la minería es quien toma las decisiones del país.
Una Ley a la medida de la minería
Los glaciares son un recurso hídrico importante  para el país, almacenando más agua que todos los embalses construidos en Chile, cumpliendo un rol estratégico en términos ecosistémicos, sociales, económicos y geopolíticos. Ante lo anterior, cualquier ciudadano esperaría que el Estado, como administrador del bien común y generador de beneficio social, los protegiera. A cambio de esto ¿qué tenemos en Chile?, un gobierno que genera proyectos de ley a la medida de la minería y el empresariado. Esto no nos debiera extrañar. El año 2007, cuando se tramitaba  otro proyecto de ley que buscaba proteger los glaciares, el anterior gobierno de Bachelet hizo por omisión algo similar. Fueron tan fuertes las presiones de la minería, que no importó el llamado de las organizaciones sociales, la Sociedad Nacional de Agricultura e incluso el Ejército. El gobierno no hizo ningún esfuerzo para que el proyecto rindiera frutos, aún sabiendo que los glaciares son fuentes fundamentales para el abastecimiento de agua en las cuencas. Estos no existen para la legislación chilena, resultando contradictorio si se considera que Chile cuenta con la mayor superficie cubierta por glaciares  de América del Sur.
Por la omisión del estado chileno, la minería lleva más de 35 años destruyendo estas masas de hielo: Pelambres, Los Bronces, Pascua Lama e incluso el mismo Estado a través de Codelco.
En términos concretos, el actual proyecto sólo resguardaría glaciares que se encuentran dentro de parques nacionales o regiones vírgenes, es decir, aquellos que actualmente tiene algún grado de protección. ¿Es posible proteger otros?, Sí, pero sólo si se logran declarar como Reservas Estratégicas cuando estos sean una reserva hídrica importante para la cuenca en la que se ubican, previo pronunciamiento, favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, compuesto entre otros, por el Ministerio de Minería. Además, entrega un Permiso Ambiental si quien interviene muestra, con un número acotado de antecedentes, que su intervención no afecta significativamente los cursos de agua de la cuenca de la cual el glaciar es parte. Siendo la empresa la que se hace cargo de su monitoreo.
Entonces un glaciar debe demostrar su inocencia para ser protegido y la empresa podrá intervenir si el abuso no es tanto como para extinguirlo. Además, es la misma empresa la que hace el monitoreo de afectación, es decir, revisa si los golpes le están dañando mucho, poco o más o menos.
¿En qué situación quedarán los glaciares que no se encuentran en parques nacionales y que no reciban la categoría de estratégicos para el Estado? Muchísimos glaciares que se encuentran fuera de Parques Nacionales, cumplen un rol relevante y es la situación en la que se encuentran la mayoría de aquellos que regulan, y en otros casos, que alimentan los ríos de zonas áridas y/o de lluvias cada vez más escasas (Zona Norte y Zona Central de Chile). En este caso será el Consejo de Ministros quien tome las decisiones sobre el grado de protección que se les dará. Es decir, quedará a discreción de funcionarios designados y que dependen de la confianza del Presidente(a) de turno.
Esperamos que los parlamentarios que firmaron el Protocolo de Acuerdo, para promocionar esta indicación sustitutiva, quizás pensando que estaban apoyando una legislación que sólo entregaría beneficios a la ciudadanía, reflexionen, recapaciten  y se den cuenta de las nefastas consecuencias que tendría la aprobación por el Congreso de este proyecto. Esperamos que sus acciones estén en sintonía con el bien común de la ciudadanía.
Es vital que se comprenda y se promueva que decisiones tan relevantes y trascendentes para las diversas cuencas del país, como lo son la creación de categorías de protección de todos los glaciares presentes en el territorio nacional, no puede ni debe quedar restringido a un simple procedimiento en manos del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Esto debe quedar en manos del Congreso Nacional. Si este último abdica de asumir esta responsabilidad, se entenderá que nuevamente es incapaz de atender a los intereses generales de toda la comunidad, y que sólo está legislando teniendo en consideración los estrechos intereses de grupos empresariales, en este último caso, las empresas mineras.
Por Fernando Gimeno, Frente Medio Ambiente y Sustentabilidad.