¿Qué pasó el 2011?: el derrumbe de la legitimidad de la élite

Una pregunta que toma fuerza, ahora que ha pasado suficiente agua bajo el puente, es qué fue, exactamente, lo que ocurrió el 2011. Ahora que muchas de las teorías del “derrumbe del modelo” han tenido su propio derrumbe y que los que cursaban su primer año en la universidad, en aquel movilizado año, se encuentran a un paso de titularse, pareciera que nos aprestamos a mirar con más recelo los aconteceres del 2011 y sus causas profundas. Al respecto, será interesante observar cuáles fueron las condiciones objetivas y subjetivas que posibilitaron las mayores movilizaciones de nuestro país, desde el fin de la dictadura.
Cuando hablamos de condiciones objetivas no lo hacemos pretendiendo imparcialidad, sino a la búsqueda de mapear las relaciones de poder, presentes en la sociedad, y que se manifiestan, aunque no exhaustivamente y de modo inmediato, en las condiciones subjetivas.
Permítanme parafrasear una historia contada por S. Žižek, para explicar mi punto. Imaginemos a un padre que le dice a su hijo que debe ir a visitar a su abuela. Ese padre podría expresar su situación de poder objetivo, anunciando castigos y reprimendas en caso de no ser obedecido. Ahora imaginemos al mismo padre diciéndole a su hijo: “Si tú lo deseas, puedes ir a visitar a tu abuela, pero tú sabes cuánto te quiere y te necesita tu abuela”. Ese niño estará enfrentado a un poder mucho más abrumador en el segundo caso, porque ya no solo está siendo obligado a ir a ver a su abuela, sino que a querer ver a su abuela.
Las condiciones objetivas de poder en ambos casos son similares, pero las subjetivas han cambiado. La relación subjetiva del segundo caso es la propiamente ideológica, esto es: la imposición del querer, la de hacer de sometido gendarme de su propia cárcel.
En muchos casos el desafío para la izquierda será develar las condiciones objetivas y su contradicción con las justificaciones subjetivas que impone, muchas veces bajo la forma de promesas.
Al respecto, sobre la situación de la élite hay dos aspectos llamativos y que pueden servir de primera aproximación. Estos son el grado de concentración del ingreso en Chile y la movilidad (o inmovilidad) social, en particular, desde y hacia la élite.En el caso de repúblicas democráticas con organización de mercado, la principal contradicción radica en las condiciones objetivas de la élite, en sus posiciones de privilegio. Los principios democráticos de igualdad y libertad aparecen contrapuestos a las lógicas de instrumentalización y concentración de la riqueza, características de las economías de mercado. Esto parece ser, a grandes rasgos, el diagnóstico que han seguido los movimientos de izquierda contemporánea y que les ha conducido a impulsar un proceso de “radicalización de la democracia”.
La discusión sobre la movilidad social y, particularmente, respecto de la élite, pone claramente “el dedo en la llaga” del discurso meritocrático. En definitiva, la discusión cuestiona cuán determinado está el nivel de ingreso de un individuo por el del hogar en el que nació. Núñez y Risco (2004), encuentran que la probabilidad de que un hijo de padre del 10% más rico permanezca en ese decil es de un altísimo 56%. En comparación, la misma probabilidad para los países europeos es de 20% y en Canadá-Estados Unidos es de 19%. Por otro lado, Núñez y Miranda (2011) señalan que la movilidad que existe se concentra entre el segundo y cuarto quintiles. Los quintiles más pobres y ricos se caracterizan por su inmovilidad. Así, por ejemplo, consideran que la probabilidad de que un hijo que haya nacido de padre del quintil más pobre alcance el quinto quintil es, simplemente, cero. Asimismo, al focalizar la atención en el decil más rico, estos autores hallan evidencia según la cual la baja movilidad social en Chile estaría explicada principalmente por los “súper-ricos”. Es decir, haber nacido hijo de una familia en el decil más rico hará muchísimo más probable permanecer en él. Hay poco espacio para meritocracia allí.
Desde los 90 hay un marcado aumento de la cobertura educacional en Chile y, sobre todo, una marcada explosión en la matrícula de educación superior. Todo esto con la promesa de mejorar la manera en que se distribuye la riqueza del país. Sin embargo, los resultados de esos autores –con datos de 2004 y del 2006– indican que la promesa no parece haberse cumplido. Así también lo indican otros estudios como, por ejemplo, el de López, Figueroa y Gutiérrez (2013), cuyas conclusiones son demoledoras:
“El real problema de distribución en Chile está en lo más alto de la distribución y no tanto dentro del grueso de la población (90% o aún 99% de ella) donde la distribución tiende a ser relativamente pareja. Es realmente en el 1% más rico y sobre todo en el 0,1% y 0,01% más rico donde se concentra el ingreso”.
Basándose en datos del SII, los autores establecen que el 1% más rico concentra un 30% del ingreso, el 0,1% concentra el 17% y tan solo el 0,01% concentra más del 10% del ingreso. Todo esto para el promedio entre 2004 y 2010. Estos niveles de concentración superan ampliamente los de los otros 20 países para los que se contaba con información similar, salvo para el caso notable del 0,1% y 0,01% de EE.UU.
Esta condición objetiva parece entrar en contradicción directamente con un principio de legitimación del modelo económico, e indirectamente con otro. Directamente parece entrar en contradicción con el principio de igualdad de la democracia. Cuando las diferencias entre ricos (o súper-ricos) y pobres es tan abismal, es difícil imaginarse a la nación como una amplia polis en la que caben, de igual manera, las visiones de todos. De manera indirecta, pareciera haber una contradicción también con el principio meritocrático. Simplemente, es difícil de imaginar que “el aporte individual” de dos ciudadanos pueda distar tanto como para justificar estas diferencias.
Así, el sistema de educación superior chileno está marcado por los antecedentes de una promesa incumplida. La promesa de que el aumento de cobertura en la educación –especialmente educación superior– iba a generar igualdad de oportunidades, no se sostiene. Esto explica el potencial disruptivo del problema educacional, al poner en tela de juicio las promesas de nuestro sistema económico-político-cultural. Asimismo, al poner en cuestión el discurso legitimador de la desigualdad sobre la base de la “meritocracia”.
La historia del Chile de los 2000 podrá resumirse, entonces, como una historia de desilusión. El 2011, más que un derrumbe del modelo, refleja el último paso del derrumbe de la legitimidad de la élite. El siguiente paso que se dio el 2011, en este sentido, fue profundizar el sentimiento de defraudación, al mostrar que las contradicciones planteadas no eran “fallas del sistema”, sino parte integral de este. Es decir, que la forma en que se desarrolló nuestro sistema educacional –a pesar de las promesas– no era un mecanismo para morigerar el inmovilismo social y los privilegios de la élite, sino una de sus principales causas.
Los datos recolectados por el COES, centro de estudios interuniversitario, en su encuesta del 2015, constituyen clara evidencia de la generalizada decepción y descontento con las promesas  democráticas del modelo: un impresionante 92,5% cree que las desigualdades del ingreso son demasiado grandes y cerca del 70% de los encuestados no creen que en Chile haya igualdad de oportunidades. Esto último, a pesar del enorme valor que los chilenos le ponen a la educación que cada uno tenga para el éxito personal, según la misma encuesta. Es decir, pareciera que el lugar donde más fuertemente se juega el cumplimiento o no de la meritocracia es en la cancha educacional.
En ese contexto, toda lucha sectorial, como la del 2011, en la medida que devela una situación de privilegio y exclusión, es potencialmente disruptiva, al hacer patente la contradicción entre democracia y mercado (igualdad versus instrumentalización). Vale decir, las demandas sectoriales, tienen el potencial de tensionar el acuerdo que sustenta las condiciones de desigualdad, al revelar la contradicción del privilegio en una democracia con su propio discurso legitimador, esto es, el discurso de igualdad.
Para entender la desilusión con el sistema educacional (como subsistema del modelo económico general) y su supuesto rol meritocrático, será interesante estudiar sus propias condiciones objetivas y las promesas legitimadoras (las condiciones subjetivas) de este subsistema. Ese será el objeto del siguiente artículo.
Por Noam Titelman, Coordinador de Contenidos de Revolución Democrática. Publicada en El Mostrador el 1 de julio de 2015.