OPINIÓN DE REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA FRENTE AL PROYECTO DE LEY QUE REGULA LA DESPENALIZACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN TRES CAUSALES. BOLETÍN 9895-11.
Revolución Democrática busca impulsar transformaciones estructurales que permitan a hombres y mujeres ejercer plenamente sus derechos humanos. Desde esta perspectiva consideramos lo siguiente:
1. El aborto es un tema de Derechos Humanos
El aborto legal sin causales hasta las 12 semanas es parte de las transformaciones que permiten a las mujeres ejercer sus derechos. Así lo han sostenido diversos organismos y tratados internacionales de derechos humanos. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha señalado que se viola el derecho a la vida cuando las leyes que restringen el acceso al aborto obligan a la mujer a recurrir al aborto inseguro, exponiéndola incluso a la muerte. Desde la perspectiva de los DDHH, el Estado debe generar una política integral que aborde los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo educación sexual e implementación de medidas preventivas como métodos anticonceptivos que permitan disminuir conductas de riesgo y embarazos no planificados.
2. Los riesgos de los abortos ilegales y clandestinos
Al estar castigado con cárcel, los abortos se realizan de manera clandestina. Por tanto, no hay certezas ni registros de cuántos abortos se realizan en Chile. Sin embargo, existen estimaciones recientes que sugieren que en Chile ocurren entre 72.800 y 145.000 abortos cada año. Esto equivale a 8 abortos cada hora.
3. El problema en Chile no es el aborto sino el aborto inseguro
El problema es el aborto inseguro y prácticamente el 100% de los abortos caen en esta categoría. El aborto inseguro conlleva una letalidad elevada, inaceptable en relación al aborto seguro (cuando en Estados Unidos se estima alrededor de 0,6 muertes por 100 mil abortos, en Latinoamérica son 30). Más aún, el aborto inseguro es la tercera causa de mortalidad materna en el país, correspondiente al 12% de los casos y es más común en mujeres de baja escolaridad, pobres y rurales.
4. La violación es una de las máximas negaciones a la libertad, autonomía y dignidad
La violación ocurre con frecuencia al interior de las familias, revictimizando día a día a aquellas que la sufrieron. Chile debe legislar para que estas mujeres, que no pueden soportar o no quieren continuar con un embarazo producto de dicha violencia, puedan al menos practicarse un aborto seguro.
5. En países en que el aborto no tiene restricciones amplias, la tasa de abortos disminuye
A lo largo del tiempo las tasas son menores: entre 10-20 abortos por 1000 mujeres en edad fértil vs 30-40 abortos por 1000 mujeres en edad fértil en países donde el acceso al aborto es más restringido, como en Chile. En los primeros casos los abortos se realizan en condiciones seguras, realidad opuesta a la chilena.
6. El Estado debe dar garantías de protección a los derechos humanos
¿Puede el Estado sancionar con pena de cárcel a quien decide no renunciar a su derecho a la vida, no renunciar a su derecho a la integridad personal, no renunciar a su derecho a la salud o no renunciar a su autonomía?
Chile no respeta los derechos humanos de las mujeres al obligarlas a continuar un embarazo que pone en riesgo su vida, con un embrión/feto grave e irremediablemente enfermo, o aquel que resulta de la violencia y la vejación. El Estado de Chile incumple gravemente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al prohibir el aborto en toda circunstancia, y resulta inaceptable que el mercado ilegal (al suministrar misoprostol en condiciones inseguras) hoy haga más por las mujeres que el Estado.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recomendó en junio de este año al Estado de Chile que agilice la adopción de este proyecto de ley y garantice su compatibilidad con derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, considerando la ampliación de las circunstancias permitidas.
Es imprescindible aprobar la idea de legislar respecto del proyecto que ha presentado el ejecutivo, aprobando la despenalización en las 3 causales que contempla. Junto con lo anterior el Estado debe generar las condiciones sociales y sanitarias para que niñas, adolescentes y mujeres, puedan decidir de manera informada y protegida, el modo en que quieren enfrentar situaciones tan extremas como las comprendidas en el proyecto.
Esperamos que esta comisión apruebe la idea de legislar y realice un trabajo político y técnico que permita a niñas, adolescentes y mujeres ejercer, al menos en estas tres extremas situaciones, sus derechos sexuales y reproductivos, que también son derechos humanos.
EL ABORTO EN CONDICIONES SEGURAS ES LA MÁS EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS PRO VIDA
