Sin cambios a la estructura no hay reforma. A revolucionar nuestra educación

Tal como Revolución Democrática lo dijo hace un par de meses (Cierre de establecimientos públicos y su crisis final: ¡Aún es tiempo de actuar!), este inicio de año académico ha traído la noticia de más cierres de establecimientos municipales y el continuo declive de la educación pública. Esto, en el marco de un sistema que opera sobre la base de una lógica de mercado encarnada en un abanico muy completo y variado de estrategias de promoción, marketing, reclutamiento, selección y “normalización” de estudiantes –y sus familias-  que los establecimientos educativos ponen en marcha para competir por los “mejores”. Estos mecanismos son preferentemente utilizados por recintos educativos particulares pagados, pero se extienden más allá  incluyendo a privados subvencionados y municipales emblemáticos.


Por supuesto, ambos aspectos mencionados, la caída sistemática de la matrícula de la educación pública (municipal) y la saturación de estrategias de marketing y reclutamiento, están íntimamente ligados. Corresponden al predominio de la educación de mercado que impone sus lógicas y patrones a las comunidades educativas y al conjunto del sistema escolar, favoreciendo la instalación de dispositivos que naturalizan la segregación y la discriminación: prácticas de selección de estudiantes por motivos socio-económicos, culturales o académicos, prácticas de expulsión de alumnos con dificultades de aprendizaje, marginación de estudiantes de bajo desempeño del aula regular y su confinamiento a grupos diferenciados, etc., todo esto atenta contra el principio de inclusión educativa y el concepto de calidad educativa integral dentro de los establecimientos educacionales.
Este funcionamiento discriminador en las escuelas se acompaña a nivel más macro de leyes, reglamentos, mecanismos y actores sociales (educativos, políticos y empresariales) que lo defienden y promueven. Por ello, desmontarlo o modificarlo no será fácil ni rápido, pues hay toda una maraña de intereses y prácticas que deben ser reconsiderados y reubicados, a riesgo de dañar aquello que debe ser respetado y cuidado, como la libertad de elección de padres bajo ciertas condiciones, los proyectos educativos locales autónomos, la capacidad de innovación pedagógica, entre otros aspectos. El desafío consiste en promover la aplicación de criterios de inclusión y justicia dentro del sistema escolar y en los establecimientos educativos, sin por ello restringir la autonomía pedagógica y la libertad de los actores educativos para llevar a cabo sus proyectos educacionales.
Lo anterior exige la reinvención/renovación de los agentes que defenderán esta agenda y la emergencia de prácticas innovadoras para llevarla a cabo. En los últimos días se ha visto a las nuevas autoridades del Ministerio de Educación, junto al gremio docente, tomar las banderas de la democratización y la defensa de la educación como derecho social, lo que es relevante y genera esperanzas de concretar  los cambios demandados por la inmensa mayoría ciudadana. Pero esto no es suficiente.
Por una parte, se requiere de nuevos dispositivos y de cambios estructurales al conjunto del sistema: fin del financiamiento compartido, prohibición de la selección en todos los niveles educativos y en todos los establecimientos que reciben financiamiento estatal, mayor regulación de los establecimientos particulares pagados, fortalecimiento de la educación pública gratuita, cambio al sistema de financiamiento de la educación escolar, modificaciones a la Ley del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, en particular, a la obsesión por la ordenación de escuelas, entre otros.
Por otra parte, se necesita organizar y empoderar a la ciudadanía y a sus organizaciones quienes deben estar detrás de estas transformaciones, empujando, promoviendo, proponiendo y monitoreando los cambios que se vayan articulando  desde el Estado para revitalizar y reinventar un sistema educativo para y de todos, al servicio de un proyecto de sociedad democrática e inclusiva donde todos seamos parte y donde entre todos podamos acordar sus principios de funcionamiento y propósitos. Sin estos cambios, la expansión de la educación como derecho en general, y el fortalecimiento de la educación pública en particular difícilmente podrán concretarse. ¡Se necesitan cambios estructurales y todos debemos empujar hacia ellos!
Es un hecho que no existirá educación de calidad y menos equidad en Chile sin una nueva educación pública, valorada por la ciudadanía, y que vuelva a ser la opción mayoritaria en nuestro país. Desde Revolución Democrática empujaremos decididamente las agendas que pongan la recuperación de la educación pública al centro de la discusión, como el primer paso de la revolución educacional que el país está esperando.
Comisión de Educación