¿Y ahora el trabajo qué? columna del Frente Sindical RD

Esperamos que el próximo Gobierno contemple en su programa medidas que ataquen de frente verdaderamente las problemáticas del trabajo, y que se abra la discusión del modelo de relaciones laborales que queremos para nuestro país. 
Por Frente Sindical RD
De acuerdo con la última cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera, en Chile deberíamos estar tranquilos porque se han generado 800.000 nuevos puestos de trabajo y esta economía pujante realmente estaría (al fin) repartiendo la bonanza económica prometida para todos los chilenos. Se dice que estamos en una situación de pleno empleo, y se contrasta nuestra situación con la de las naciones europeas, resaltando nuestra fortaleza como país.
En este marco, creemos que la falta de sentido crítico es alarmante. ¿De qué tipo de empleos estamos hablando? De los 800.000 nuevos empleos, el 20,9% corresponde a trabajos “por cuenta propia” (aquel que desarrolla una persona de forma autónoma e independiente, para su propio negocio, sin empleados), “personal de servicio doméstico” y “familiar no remunerado” (aquel que se desarrolla en el negocio de un familiar sin obtener retribución) según la Minuta de Empleo de la Fundación Sol para el Trimestre Enero-Marzo 2013; es decir, empleos de nivel bajo y que no cuentan con los estándares de protección que impone la ley laboral (contrato de trabajo, estabilidad laboral, cotizaciones e imposiciones de seguridad social y seguro de cesantía). Además, de los nuevos trabajos asalariados, el 50,5% corresponde a trabajadores subcontratados, de servicios transitorios y suministro de personal y enganchadores, lo que corresponde a trabajos más precarios e inestables, ya que, por lo general son peor remunerados que el trabajo directo, y sujetos siempre a una relación contractual principal de carácter civil que en cualquier momento es rescindible (está sujeta aposible término).
Entonces, pareciera que a pesar de que es una buena noticia, no deberíamos contagiarnos del triunfalismo irracional que muestra el Ejecutivo. Creemos que estos empleos no responden a una política sostenida y planificada del gobierno que estimule la creación de empleo con un estándar mínimo de calidad. Esta discusión ha sido silenciada en la esfera pública, a pesar de ser crucial para la estrategia de desarrollo del país para los próximos años.
¿Cómo entraremos al desarrollo? Según proyecciones del Gobierno, de aquí al 2017 tendremos un PIB per cápita de país desarrollado, pero somos el país más desigual de los 34 países de la OCDE con un índice de Gini de 0,52, cuando el promedio entre esos países es de 0,31 (datos de 2011) ¿Podemos celebrar en un país en el que a pesar de tener trabajo, se sigue siendo pobre? El sueldo mínimo en Chile es de $193.000 por un trabajo de 45 horas semanales, lo que significa que un chileno en esa categoría gana $1.001 por hora trabajada. Un sueldo con esas características hace que un padre o una madre trabajadora que sostiene una familia de 3 personas se encuentre bajo la línea de la pobreza ($72.098 de acuerdo a CASEN 2011). Parece no ser este el centro de la discusión actualmente, lo que es preocupante.
Pero no sólo éstos son los temas que han estado ausentes. El Gobierno actual no ha podido traducir en leyes concretas varias promesas de campaña en materia de trabajo. En especial, no pudo promulgarse una ley que acabara con el problema del MultiRUT. Nuestra legislación laboral reduce el concepto de empresa a una “identidad legal determinada” o razón social, lo que se traduce en que, para efectos contractuales, el empleador se identifica con una sociedad. Así, los grupos empresariales dividen y reorganizan su patrimonio, a veces para eludir obligaciones laborales, o transfieren sus utilidades a otras sociedades de inversión para no tener que repartir excedentes a través de gratificaciones. Lo más grave, sin embargo, es que esta práctica les permite atomizar y dividir el poder negociador de sus sindicatos. Chile cuenta con un modelo de negociación colectiva que se reduce solamente a la empresa (razón social, de acuerdo a los términos expresados) y donde la negociación inter-empresa es siempre voluntaria para el empleador, y por lo tanto inexistente. En consecuencia, basta con organizar un negocio con múltiples razones sociales para evitar el problema de los sindicatos.
En un país donde la negociación colectiva está tan atomizada, y el poder negociador de los sindicatos, tan disminuido, no se logra el verdadero propósito de dichas organizaciones que es la de participar en la regulación de las condiciones de trabajo, fiscalizar el cumplimiento de las leyes laborales, educar en derecho a sus afiliados y obtener una mejor distribución del ingreso mediante la negociación colectiva. Estos problemas no sólo se limitan al tema del multiRUT, sino también a una deficiencia en nuestras instituciones colectivas del trabajo: organizaciones sindicales, negociación colectiva, derecho a huelga efectiva, entre otras.
Nuestra opinión es que, nuevamente, los temas importantes del trabajo no están tomando el protagonismo que deberían tener. Esperamos que el próximo Gobierno contemple en su programa medidas que ataquen de frente verdaderamente las problemáticas del trabajo, y que se abra la discusión del modelo de relaciones laborales que queremos para nuestro país. Necesitamos discutir democráticamente si el camino a una distribución más equitativa del ingreso y a unas condiciones laborales más justas para los trabajadores se logra con un modelo centrado en el derecho de propiedad y la libre iniciativa económica, con empresarios con amplias facultades o un modelo más participativo y democrático que incluya a los trabajadores en la toma de decisiones y en la construcción de sus propias condiciones laborales.
Fuente: El Dinamo