A fines de abril el Gobierno ingresó al Congreso la Reforma “Integral” al Sistema de Salud, a través de un proyecto de ley para reformar FONASA en la Cámara y una modificación al proyecto de isapres que se tramita en el Senado. Como integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados es que me gustaría precisar algunos puntos críticos de lo que manejamos -hasta el momento- de estas iniciativas.
El punto de partida es volver a constatar la enorme crisis de la salud pública. Las cifras duelen: 2.000.000 de personas en lista de espera, 1.600.000 en lista de espera para una cirugía, 800.000 millones de pesos en deuda hospitalaria. A estas cifras del sector público, se suman las alzas sostenidas de los planes de salud privada y sus sistemáticas discriminaciones. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto? Parte central de la explicación está en el sistema que ha permitido contar con una salud para ricos y otra para pobres, isapre y FONASA. Esta es una inmoralidad que tiene que terminar.
Segundo. Hoy FONASA se caracteriza por ser un seguro solidario, donde independiente de la capacidad de pagar, las personas se pueden atender. Con la nueva reforma, se aumentan los fondos destinados a las clínicas privadas en salud a través de la Modalidad de Libre Elección (MLE) y compras directas desde el FONASA. Esto divide el sistema público, ya que ofrece una mayor cobertura solo a las personas con mayores recursos que pueden pagar la MLE. Aunque las personas de menores recursos son las que más enferman, esta reforma las sigue excluyendo de tener una mayor cobertura de salud.
Es indignante que estos sean los únicos cambios para FONASA, y que la reforma esté centrada en darle más recursos y mejores condiciones al sistema privado de salud. ¡Las y los usuarios de FONASA no pueden seguir esperando!
Tercero. ¿Por qué se opta por dos reformas parciales y no una que integre el aseguramiento privado y el público en un seguro único? El Frente Amplio (FA) , junto a la oposición, va a defender con fuerza nuestro compromiso prográmatico que haga de la salud un seguro social para toda la población. La implementación de un seguro nacional supone un uso más eficiente de los recursos, distribuyendo el riesgo entre todos, dando mejores coberturas y permitiendo que las personas que realmente necesitan atención tengan la libertad de acceder a ellas, independiente de su capacidad de pago.
Chile tiene la oportunidad de transitar el camino seguido por otros países, implementando arreglos de seguridad social en donde se acceda según necesidad y se aporte según capacidad. Lamentablemente, aún cuando esta propuesta tiene un apoyo amplio en el mundo académico, político y social, siendo propuesta de mayoría de la comisión presidencial 2014, del Colegio Médico y la Escuela de Salud Pública de la U. Chile, e incluso, estar en el programa presidencial de Beatriz Sánchez, no ha sido considerada en el debate por el Gobierno. Al contrario, el Ejecutivo ha presentado un proyecto que mantiene la discriminación y profundiza el mercado en la salud.
Invito a la militancia de RD a dar esta discusión en sus barrios, en sus territorios, y que desde Revolución Democrática y el FA trabajemos para articular una oposición social y política que demande un sistema de seguridad social, comprendiendo la salud como un derecho y no como un bien de mercado.
