Desde un inicio de la pandemia, en febrero de este año, el PSOL, junto con la oposición partidaria, viene teniendo batallas diarias con el gobierno de Bolsonaro para garantizar que prevalezca la vida de las personas, la verdad científica y los derechos sociales. Las iniciativas se han dado en el ámbito legislativo, judicial y político, pasando por la presentación de proyectos ley, acciones judiciales y el movimiento para sacar a Bolsonaro de la presidencia por vías constitucionales.
Para aprobar las propuestas hemos buscado unificar los partidos de oposición y, cuando ha sido posible, a los demás partidos que no componen la base formal de sustentación del gobierno de Bolsonaro, pero tampoco se identifican como parte de la oposición.
La lucha no ha sido fácil, pero tuvimos conquistas. Entre ellas destaco la creación de auxilios financieros para la población más vulnerable, que salen directo del presupuesto nacional para los beneficiarios, asegurando a los trabajadores el derecho a cuarentena con condiciones mínimas de sobrevivencia. La primera fue la Renta Básica de Emergencia, un pago mensual, de abril a junio, de un valor entre R$600 y R$1.200. Este techo derivó de una enmienda del PSOL al proyecto de ley original para amparar familias monoparentales con jefas de hogar. En seguida, el partido presentó otros dos proyectos de ley para asegurar la preferencia de las mujeres en el recibimiento del beneficio, ambos aprobados en la Cámara de los Diputados.
La propuesta inicial del Ministerio de Economía era pagar tres cuotas de apenas R$200. Con la movilización de la oposición en el Congreso Nacional, conseguimos elevar el valor. A pesar de que la aprobación ocurrió en marzo, cerca de 100 millones de personas aún aguardan el análisis del pedido de auxilio por parte del gobierno federal, algunas hace más de 50 días. El objetivo ahora es hacer que esos brasileños accedan a ese derecho, además de extenderlo para nuevas categorías profesionales. En junio conseguimos la ampliación para trabajadores de la cultura, por medio de un nuevo proyecto de ley, que también tuvo la colaboración del PSOL e que aguarda sanción presidencial.
En el frente jurídico, el PSOL entró con una serie de medidas junto al Supremo Tribunal Federal (STF) y la Procuraduría General de la República para detener los ataques de Bolsonaro a la salud pública y a los derechos sociales. Es del PSOL la acción que pide la creación de una lista de espera única de las camas de Unidades de Terapia Intensiva tanto públicas como privadas. También es la que exige cumplimiento de normas ya establecidas para proteger a los presos del grupo de riesgo. La más reciente fue para garantizar que el gobierno federal divulgue diariamente los datos sobre contaminación por Covid-19, que el Ministerio de Salud intenta esconder.
En el frente político, el PSOL ha defendido la inmediata destitución de Bolsonaro por todas las vías constitucionales posibles. Fuimos responsables por articular el pedido de impeachment más amplio, unitario y significativo de la oposición de la izquierda brasileña hasta ahora, con el apoyo de varios partidos y más de 400 entidades civiles y movimientos sociales. Al mismo tiempo, estamos buscando la inhabilitación de la dupla electoral Jair Bolsonaro y Hamilton Mourão (Vicepresidente de Brasil) con acciones en el STF y en el Supremo Tribunal Electoral.
Para un partido aún considerado pequeño, si se compara con los partidos tradicionales de la política brasileña, con apenas diez diputados federales y cerca de 200 mil afiliados, el PSOL ha hecho firmes gestos de compromiso con la vida de brasileños y brasileñas. Nuestras limitaciones no fueron capaces de impedir nuestro empeño en la lucha contra la pandemia y la irresponsabilidad del gobierno de Bolsonaro. Seguiremos firmes en la batalla para librar el Brasil de esas dos amenazas.
