Sabemos que en tiempos de crisis, las mujeres y niñas son afectadas de manera desproporcionada. Los servicios de salud sexual y reproductiva siempre han estado relegados a un segundo plano y hoy en medio de la crisis sanitaria y de cuidados que afecta al mundo el acceso a anticonceptivos, no ha sido facilitado por las instituciones correspondientes. Las cadenas de suministro de pastillas abortivas han sido interrumpidas por el cierre de fronteras y la posibilidad de reunirse con otras personas para llevar a cabo abortos seguros y acompañados se ha imposibilitado por las medidas de distanciamiento social. Se estiman 7 millones de embarazos no deseados producto de esta crisis.
Algo de historia en Chile
El aborto fue definido como delito en el Código Penal de 1874. Sin embargo, en 1931 se establecieron excepciones con fines terapéuticos en el Código Sanitario, dicha excepción se mantuvo hasta 1989, cuando la dictadura militar de Augusto Pinochet penaliza todo tipo de interrupción voluntaria del embarazo.
En años posteriores el movimiento feminista generó una importante discusión en todo el país respecto a la despenalización del aborto, mismo movimiento que logra el 2015 un proyecto de ley que despenaliza parcialmente el aborto, la ley de aborto en 3 causales, la misma que es insuficiente y siempre lo será: solo cubre el 3% del total de los abortos que se realizan en Chile.
Desde ese entonces el movimiento feminista ha logrado masificarse, ser palabra y sentido común como diría Julieta Kirkwood, ante esta potencia transformadora que viene a cambiar el mundo, en Chile seguimos pidiendo lo básico: el decidir sobre nuestros cuerpos, que sigue cubierto de un velo de censura y criminalización patriarcal. Pertenecemos al conjunto de miles y miles de mujeres que luchamos para que se reconozca este derecho a decidir, reconocemos en cada historia individual de aborto una parte de la historia colectiva, la historia silenciada de las mujeres, ”nuestra historia es invisible, como es invisible toda la historia de los oprimidos” (Julieta Kirkwood, 1985).
La ley que prohíbe el aborto en Chile es desobedecida:
Las decisiones sobre anticoncepción y aborto son difíciles, sumamente personales y a veces dolorosas. En Chile, a las mujeres se les impide sistemáticamente tomar tales decisiones. El número de abortos que se practican las mujeres en Chile es desconocido por los números oficiales, porque está penalizado, pero las estimaciones de abortos clandestinos anuales que varían entre 160.000 ―de acuerdo al único estudio nacional realizado en 1992― a 200.000 según datos del año 1993. Se suman datos del año 2012 que señalan que existen 60.000 abortos clandestinos y en el año 2015 esta cifra alcanzaría a 300.000. Más de diez mil mujeres son hospitalizadas cada año a causa de abortos en malas condiciones sanitarias. En la clandestinidad son las desigualdades las que determinan si el aborto es seguro o inseguro y las feministas llevamos muchos años señalando que la penalización sólo determina las condiciones en que se realiza el proceso y no reduce la cantidad de mujeres en situación de embarazo no deseado. El aborto es hoy esa frontera entre las catástrofes corporales y los inmensos abismos de las desigualdades, entre el derecho y las sexualidades. Este es un derecho fundamental para las mujeres y debe ser reconocido, sin él nuestro cuerpo puede convertirse en una prisión, ante aquello no nos perdemos: nosotras luchamos por la soberanía de nuestros cuerpos-territorios.
Las mujeres nos hemos rebelado ante el mandato de la maternidad obligatoria desde siempre y cada vez más, hemos buscado adueñarnos de nuestra capacidad reproductiva en todos los tiempos y en todos los pueblos del mundo, a pesar de las resistencias patriarcales de quienes históricamente nos coartan la posibilidad ser sujetas de derechos. El presente gobierno de Sebastián Piñera continúa una línea de antiderechos y neoliberalismo criminal para todos(as), especialmente para las mujeres y niñas, lo vimos con el Postnatal que retrasaron al máximo, lo vemos con las medidas económicas para la pandemia, con su arrepentimiento a la retención del 10%, que se logró evitar, pero que es la forma de hacer política del mandatario. Sabemos que no es nuestro gobierno y lamentablemente sabemos que son ellos quienes tienen el poder hoy para parar la muerte y el abandono que sufrimos junto a nuestras compañeras, no lo olvidaremos.
Mientras enfrentamos la mayor crisis de anticoncepción en mucho tiempo y un gran número de embarazos no deseados en medio de una crisis de salud pública, los servicios de salud reproductiva, como anticoncepción y aborto, deben seguir ofreciéndose necesariamente como un servicio de salud esencial. La atención a mujeres en situación de aborto es un servicio sensible al tiempo, que no puede aplazarse significativamente sin consecuencias profundas para las mujeres y sus familias. Lo dijimos el 30 de julio en el día por el aborto libre, seguro y gratuito; lo reafirmamos hoy y exigiremos siempre un Estado que reconozca los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, como cimiento importante de nuestra ciudadanía, en la revalorización y ampliación de nuestra democracia, sin barrera de clase ni de razas.
¡Todas las mujeres, todos los derechos, por la soberanía de nuestros cuerpos!
