El lunes 20 de enero, el DEMRE informó la inhabilidad de 86 estudiantes para rendir la PSU, quienes el pasado 6 y 7 de enero participaron en las manifestaciones convocadas por la ACES, unidos y unidas en la lucha contra la segregación que esta prueba representa. Además, se anunció la presencia de carabineros en los nuevos locales de rendición e incluso se creó una plana mayor de 15 oficiales para tareas operativas, logísticas y de inteligencia durante los nuevos días de aplicación de la prueba
Tras un año de represión y criminalización de secundarios y secundarias de sus acciones políticas, como se vio por meses en liceos emblemáticos, se les sigue negando cualquier instancia de diálogo para avanzar hacia una solución conjunta y acoger sus demandas, silenciando los más de 15 años de protesta por los cambios urgentes que requiere el actual sistema de admisión a la Educación Superior.
Sumado a esto, ni el gobierno ni las instituciones responsables de esta evaluación ha sido capaz de hacer una autocrítica por no haber logrado generar las condiciones idóneas para rendir la prueba luego del estallido social, dejando a las comunidades educativas a la deriva.
Cerrar la puerta a los principales afectados por el problema, hace prácticamente imposible avanzar hacia una verdadera solución. Es indudable que el proceso de admisión actual cuenta con poca legitimidad, pues las condiciones estuvieron lejos de ser las óptimas en la mayoría de los locales de rendición y, solo por razones logísticas, se dejó fuera la prueba de Historia.
El derecho a la educación es inalienable y es responsabilidad del gobierno garantizarlo, resguardarlo y asegurar que tanto estudiantes que rindieron la prueba como quienes no lo hicieron estén en igualdad de condiciones. Hoy, la PSU es un paso indispensable para acceder a la Educación Superior y este gobierno negligentemente permitió que el proceso de admisión 2020 fuera un fracaso ¿Por qué truncar deliberadamente la trayectoria educativa de los y las estudiantes? Solidarizamos con los y las estudiantes inhabilitadas y perseguidas y exigimos que no sufran represalias que pongan en tela de juicio su derecho a la educación.
Hacemos un llamado al gobierno y a los rectores agrupados en el CRUCH a impulsar cambios estructurales al proceso de admisión. Es el momento de modificar un sistema injusto y de avanzar hacia una admisión a la Educación Superior de calidad, que no solo evalúe la trayectoria académica escolar, sino que también las competencias que históricamente han sido dejadas de lado, haciéndose cargo de las desigualdades intrínsecas del sistema chileno. El nuevo proceso debe contar con la participación y deliberación de actoras y actores del mundo educativo y garantizar que el nuevo mecanismo de acceso a la Educación Superior sea justo, objetivo y transparente, que permita desplegar plenamente las competencias y habilidades de cada uno de los y las estudiantes para su desarrollo y su futuro.
