En el documental “Chicago Boys”, dirigido por Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano, se cuenta la historia de cómo un grupo de estudiantes de economía de la Universidad Católica, se transforman en los ideólogos del modelo económico de nuestro país. En una de las escenas, aparece Sergio De Castro, ex ministro de Hacienda de la Dictadura, quien en un elegante despacho afirma “no hay medidas correctivas que sean indoloras, siempre alguien va a salir perjudicado”. A continuación la cámara muestra a personas compartiendo comida en una olla común, mientras niños descalzos caminan entre carpas de emergencia levantadas por sus familias en un sitio eriazo. En la pantalla aparece un texto que reza “En 1983, la cesantía alcanzó al 32% de los trabajadores”. El contexto corresponde a la crisis económica de 1982, que fue un golpe fuerte para el país que sufrió la pérdida de miles de trabajos, una contracción de 13,6% del PIB y que generó una tremenda pobreza retratada por la imagen de las ollas comunes.
Hoy, 38 años después nos acercamos nuevamente a una recesión económica, la más grande después de la Gran Depresión de 1929, según economistas de todo el mundo, y vuelve a surgir nuevamente la pregunta sobre quién va a pagar los costos de las medidas que se van a tener que tomar.
Las señales del Gobierno nos muestran un camino claro de cuál es la respuesta para ellos:
El 26 de marzo, la Dirección del Trabajo (órgano independiente, pero que depende del Ministerio del Trabajo), emitió un dictamen que permite que los empleadores suspendan la relación laboral cuando operan en comunas en cuarentena, suspendiendo también las remuneraciones a sus trabajadores. Para paliar la rebaja, el mismo Gobierno propuso una iniciativa que ya es ley y que echa mano a los ahorros en el seguro de cesantía para pagar una parte de los sueldos de quienes han visto sus salarios suspendidos. De esta manera, y con la inyección de 2.000 millones de dólares que el Fondo de Cesantía deberá devolver en el futuro, son los ahorros de la gente los que pagarán esta contingencia, no el dinero de los dueños de estas empresas.
En los pocos días de su entrada en vigencia, ya hay grandes empresas que se han acogido a esta modalidad -a pesar de que estaba pensada para PyMEs-, como las transnacionales Starbucks y H&M o las empresas nacionales como Corona y Ripley, reportando esta última más de $100 mil millones de pesos en ganancias durante el año 2019, según datos recopilados por la Fundación Sol.
El Gobierno, que ha propuesto suspender el sueldo de la gente, por otro lado, se resiste a normar la suspensión del pago de cuentas básicas, aranceles educacionales y créditos, dejándolo a criterio del mercado. Así, el destino de los frágiles ingresos de las familias en los próximos meses ha sido puesto en manos de las empresas que voluntariamente no corten los suministros o los servicios, o de las repactaciones de los bancos. El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, echó por tierra una iniciativa parlamentaria para evitar los cortes de suministro, se ampara en su supuesta inconstitucionalidad, para no hacerse cargo de si el Gobierno hará algo por los millones de chilenos y chilenas que no accederán al beneficio del gobierno pensado para el 40% de la población.
Lamentablemente, esta visión no sólo ha contaminado las políticas económicas, si no que también a las medidas sanitarias que ha tomado la autoridad durante la pandemia. Expertos y expertas de todo el mundo han dicho que la cuarentena total es la mejor forma de controlar la curva de contagio y de salvar vidas, pero es algo que el Gobierno desde un inicio ha descartado tajantemente. En su lugar, ha implementado “cuarentenas dinámicas”, cuyos fundamentos son desconocidos para la población, especialistas y para el amplio espectro político, adoleciendo de una tremenda falta de transparencia, a la vez que representantes del empresariado chileno en una agresiva campaña comunicacional han repetido que no se puede parar la economía a pretexto de salvar vidas, desde sus cómodas casas en Santiago o incluso, en sus casas de veraneo. El Ejecutivo, entonces, ha elegido una vía en que la gente sigue produciendo a riesgo de su propia vida, con tal de proteger los intereses de los grandes empresarios cediendo peligrosamente a estos brutales llamados.
El panorama lamentablemente se ve oscuro. A la afirmación de De Castro en “Chicago Boys” el Gobierno le encontró una respuesta, quienes van a salir perjudicados de la crisis, otra vez, va a ser la gran mayoría de la población, los sectores populares y la clase media, no los grandes empresarios ni el Estado. Y como en el pasado, son los mismos, con las mismas ideas quienes se harán cargo hoy de la emergencia.
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