Durante las últimas semanas, nuestro Partido ha llevado un intenso trabajo para terminar con la constitución impuesta en Dictadura y avanzar hacia un proceso constituyente que nos represente a todas y todos; y una agenda de defensa de los DDHH y en contra de la impunidad. Asimismo, tenemos la tarea de liderar la conformación de una agenda social que responda a las demandas y expectativas de la ciudadanía movilizada, que permita que las propuestas de organizaciones y movimientos sociales irrumpan y fracturen definitivamente las bases de la institucionalidad neoliberal. Una agenda que permita dejar de ser un país de privilegios y nos transforme en uno de derechos, y cambie radicalmente la forma en que viven las personas en él.
Las chilenas y chilenos han expresado con fuerza cuáles son las prioridades en las que debemos trabajar. En la consulta municipal, más de 2 millones de personas priorizaron la necesidad de recuperar los derechos sociales para iniciar la transformación de nuestra sociedad: mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores (22%), mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento (22%), y acceso y calidad de la educación pública (15%).
Es que en salud tenemos un gran desafío; hoy en día existe una salud para ricos, con altos recursos y de alta calidad, pero con grandes abusos; junto a una salud para los “más pobres” (que corresponden al 80% de la población), en donde la indignidad se han vuelto la norma. No es para sorprenderse. Esta es la consecuencia esperable de un sistema de salud que funciona con criterios de mercados, donde el acceso depende de la capacidad de pago. Si eres “rico” estás en ISAPRE y te atiendes en clínicas privadas dependiendo de tu capacidad de pago; si no eres de este privilegiado grupo estás destinado a estar en FONASA y atenderte en hospitales públicos. Uno de los grades problemas de esto, es que las ISAPRE, al financiar las primas individuales con el 7% de salud, rompen la seguridad social y se llevan alrededor del 50% de los recursos de la cotización obligatoria, justamente la cotización de las personas que más ganan y que más podrían aportar el sistema. La consecuencia es que el sector público se encuentra crónicamente desfinanciado, y con los pocos recursos debe hacer frente a la demanda de salud de la mayor parte de la población (80%), justamente donde están los más enfermos y que más gastan. Esto explica en parte, las largas listas de espera o la falta de insumos en hospitales públicos. Solidaridad entre pobres.
Para cambiar esto, junto a usuarios de la salud organizados, gremios, sindicatos y colegios profesionales de la salud, ahora parte de Unidad Social, hemos desarrollado un trabajo coordinado desde RD para buscar una salida. Desde el sector salud de oposición coincidimos en que el primer paso para salir de la crisis sanitaria actual, es la implementación de un Seguro Nacional de Salud en el país, que mancomune todos los recursos de la seguridad social en un único fondo (cotizaciones obligatorias y aportes fiscales), que permita redistribuir los recursos para gastarlos en donde se necesitan, y que dé cobertura oportuna y de calidad, a través de un plan de salud universal único, a toda las personas que viven en el país, sin importar su condición. Esto implicaría sacar a las ISAPRE del manejo de fondos de la seguridad social, dejándolas como seguros complementarios voluntarios, para que dejen de lucrar con ellos, permitiendo que financien prestaciones y no el lucro o publicidad de los dueños de las ISAPRE y clínicas. Este esquema, nos permitiría iniciar las transformaciones del sistema de salud, potenciando, mejorando y expandiendo la red pública de salud, para llegar en el mediano plazo, a decir que la atención de salud es un derecho en Chile.
Ahora es cuando, junto a las organizaciones sociales de la salud, presentaremos una agenda que transforme radicalmente nuestro sistema de salud. ¡Trabajemos juntas y juntos para que la salud sea un derecho y no un negocio!
