El plebiscito del 25 de octubre es el hito democrático más importante de los últimos 30 años en Chile. Ahí se juega gran parte de la legitimidad de un nuevo pacto social, uno que por primera vez en su historia el pueblo de Chile podría redactar para sí. Es por esto que resulta fundamental que todas y todos pueden ejercer su derecho a participar, incluidos quienes se encuentren contagiados de Covid-19, porque más allá de números o porcentajes, aquí hay un principio en juego: el deber del Estado de asegurar a cada chileno y chilena su derecho a participar en la construcción de un nuevo pacto.
Tras un fuerte y esperanzador estallido social, que evidenció las grietas de nuestra sociedad y la enorme distancia que existe entre los privilegios de una pequeña clase dirigencial y una mayoría precarizada, el pueblo de Chile se ganó en las calles la oportunidad histórica de reescribir de forma democrática las nuevas reglas del juego. Esas reglas que regirán nuestra convivencia en adelante y darán por superada la constitución redactada durante la dictadura de Pinochet.
Uno de los aspectos fundamentales de este nuevo pacto radica en su legitimidad social. Más allá de su contenido -que comenzará a zanjarse a partir de abril del próximo año-, gran parte del éxito de este proceso (y del futuro de Chile) es que cada ciudadano y ciudadana lo perciba como propio. Es por esto que el Estado tiene la obligación, legal y moral, de garantizar que cada persona y grupo de nuestra sociedad puedan ser parte de este proceso en igualdad de condiciones.
La pandemia nos enfrenta a un conflicto nunca antes visto en nuestros procesos electorales, a saber, la participación mediante el voto de personas que se encuentren contagiadas de Covid-19. Y si bien pareciera una obviedad que el hecho de estar enfermo, de Covid o cualquier otra enfermedad, no despoja a nadie de sus derechos de ciudadanía, el Estado ha decidido poner en duda este principio.
Es el mismo Estado que tiene por deber garantizar el derecho a voto quien hoy, producto de su negligencia y falta de voluntad política, se lo está negando a un número importante de personas.
Tras 6 meses de pandemia, en los cuales era absolutamente predecible que íbamos a enfrentar a este escenario, sencillamente no dijeron ni hicieron nada. Pero ahora, a casi 50 días del hito democrático más importante de nuestra historia reciente, se dan cuenta que existe un problema: El poder resguardar la salud y seguridad de la población sin atropellar el derecho constitucional a la participación de parte de la población necesita ideas y una solución, características que este gobierno abandonó en 2019.
Nadie propone que quienes estén contagiados salgan a la calle sin medidas para poner en riesgo a los demás. Hubo y aún hay tiempo para resolver este conflicto, y existen variados ejemplos donde se ha logrado resolver este problema resguardando ambos derechos. En Chile solo hemos visto falta la voluntad de abordar y solucionar el problema.
Otros han señalado que en toda elección hay personas que producto de una enfermedad o diversas razones no pueden ejercer su derecho a voto, y que eso no perjudica su legitimidad democrática. Pero no es lo mismo que una persona no esté en condiciones de votar, a que sea el Estado el que le prohíba hacerlo. Más cuando su rol debiera ser el de explorar todos los mecanismos posibles para asegurar la participación de todas y todos.
Fue el propio presidente del Consejo Directivo del Servel quien declaró “si hay voluntad, hay tiempo”, pero luego, ante la poco sorpresiva negativa del gobierno, echó pie atrás.
Hoy parece difícil que las personas contagiadas puedan ejercer su derecho a voto, tanto en el plebiscito como en las elecciones venideras. El llamado es a explorar todos los mecanismos que nos permitan sumar sin distinción a este hito democrático, resguardando la salud de las personas, pero también su derecho fundamental a ser parte de la construcción de un nuevo Chile, uno que debe tener como valor esencial el acogernos a todos y todas en dignidad e igualdad de condiciones.
