Lee la columna de Miguel Crispi,Coordinador Nacional de Revolución Democrática, sobre el lucro en la educación
Se podrían escribir páginas y páginas de la inmoralidad detrás del caso Universidad del Mar. Sobre los millones pagados por “asesorías” que tienen la apariencia de coimas, que recibió el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Eugenio Díaz para que acreditara a esa universidad. Sobre el hecho de que dichas “asesorías” tenía incentivos millonarios para que la universidad se acreditara por más años (mientras más años de acreditación, más millones en el bolsillo de Eugenio Díaz). Se podría escribir sobre la inmoralidad de privilegiar los pagos millonarios para los controladores de la universidad a costa de sus profesores y funcionarios. También se podría reflexionar extensamente sobre la incertidumbre a la que hoy están sujetos los más de 20.000 alumnos matriculados en dicha universidad. Por último podríamos escribir sobre la buena o mala forma con que el gobierno ha reaccionado frente a esta situación, declarando que se hará cargo del caso en particular, pero que no existen grandes problemas sobre el lucro en la educación superior ya que el tema está normado por la ley. Sobre esto y mucho más se podría escribir.
Toda esta discusión es necesaria, abre temas que por años se mantuvieron en la penumbra. De lo que me interesa escribir es sobre una trayectoria que subyace a este caso, cual es la tendencia a convertir derechos sociales en mercancías transables en el mercado.
El problema del lucro en la educación tiene por supuesto un carácter legal, sin embargo la ley debe estar sometida a criterios morales. Es aquí donde quienes defendemos el valor de la educación pública debemos hacer nuestros esfuerzos para ganar el argumento. La cuestión se resume en que la sociedad que han construido la globalización y el neoliberalismo ha llegado al extremo de suponer que todo bien puede llegar a ser transable como una mercancía en el mercado. De este modo, la provisión de bienes públicos que el Estado se debiera ocupar prioritariamente de defender, ha pasado a ser un bien transable. De los derechos sociales hemos pasado, en especial en Chile, a opciones libres de mercado, donde cada individuo es libre de elegir el tipo de educación que desee, pero donde los ciudadanos han dejado de ser sujetos de derechos de servicios básicos como el de la educación.
El tránsito de derechos sociales que se homologan a bienes transables tiene distintas consecuencias. En el caso particular de la educación, lo que ocurre es que las oportunidades de movilidad social, de formación de capital humano necesario para el desarrollo del país, y de la necesidad de profundizar en la formación de valores democráticos, todos aspectos que debiese proveer la educación pública, descansan en una función de rentabilidad, la que por definición sólo beneficia a algunos. Si la competencia es la que define el equilibrio de mercado de la educación superior, siempre habrá ganadores y perdedores.
El caso del lucro en la educación superior representa lo peor de nuestro sistema económico y político. Sin darnos cuenta hemos aceptado que derechos sociales, como el de la educación, sean transados como bienes de mercado. La inmoralidad de nuestro sistema consiste en que se piensa que con todo, literalmente con todo, se puede lucrar u obtener una “legítima ganancia”. De este modo hemos llegado a un momento en donde el Estado provee con recursos de todos los chilenos a los privados para que estos se enriquezcan.
Si Chile quiere avanzar en la dirección correcta debiese ocupar el caso del lucro en la educación para abrir la pregunta por otros sectores en donde derechos sociales fundamentales se han convertido en materia de negocios. Si el proyecto globalizador implicó una expansión brutal de intercambio económico a nivel mundial y el achicamiento del Estado y su poder, hoy debemos hacer frente a esta realidad revirtiendo la privatización de nuestros derechos para pasar a garantizarlos.
