Este martes, la Corte de Apelaciones de La Serena rechazó el recurso de protección que el alcalde (s) de Coquimbo, Patricio Reyes, interpuso en contra del presidente regional de RD en Coquimbo, Cristóbal Reyes. La acción judicial apuntaba a censurar las denuncias que había realizado el dirigente en redes sociales sobre eventuales irregularidades en la municipalidad.
Entre los eventuales ilícitos denunciados se encuentra el “presunto cobro irregular de horas extras” por parte de la Directora de Recursos Humanos, Paulina Rodríguez. Cabe mencionar que el dirigente presentó el pasado 3 de julio una denuncia ante Contraloría por este mismo tema, donde también se incluyeron antecedentes sobre doble contrataciones a funcionarios de confianza. Si bien dicha indagación no ha sido cerrada, pocas semanas después este organismo mandató al municipio a poner fin a los contratos dobles.
En el recurso de protección, el recurrente argumentaba que se habían vulnerado derechos fundamentales de los funcionarios al momento de exponer el caso en las redes sociales previo a que Contraloría emitiera un dictamen que acreditara o descartara las acusaciones del dirigente. En específico, el texto legal expone que se habría contravenido “el derecho a la vida y a la integridad física y psicológica de la persona” o “el respeto y la protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia”.
Finalmente, la Corte de Apelaciones señaló que la denuncia de Reyes “conforma una crítica y control al obrar de funcionarios públicos de la entidad que encabeza el reclamante sin que de aquella se desprenda un ataque personal a la amparada o una afrenta a la honra de esta más aún si del propio tenor de las publicaciones cuestionadas no se percibe una atribución de conductas inadecuadas a la protegida, sino de la ‘presunta’ existencia de estas en la entidad edilicia y requiere la intervención e investigación de aquellas por el órgano contralor”.
La resolución agrega que “en concreto, sólo nos encontramos frente a una situación de control y cuestionamiento ciudadano al que se enfrenta toda persona que ejerce algún tipo de cargo en cualquier organización, más aun tratándose de una autoridad pública de elección popular”.
Por su parte, el dirigente valoró la determinación judicial, pero advirtió que “es preocupante que haya más esfuerzo en perseguir al mensajero que en hacerse cargo del mensaje, que se preocupen más de generar acciones en mi contra que tomar acciones concretas para mejorar el uso de los recursos que son de Coquimbo. Más en el contexto de la pandemia y la necesidad que vemos a diario. Por mi parte, mientras los recursos sean mal utilizados, seguiremos haciendo todas las acciones que sean necesarias para informar de la realidad a nuestros vecinos y vecinas”.
