Con sorpresa, el mundo se enteró de la decisión del Presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), de conceder el indulto presidencial y derecho de gracia a Alberto Fujimori, luego de salvarse de un polémico proceso de destitución organizado desde el Fujimorismo más duro en el Congreso. PPK otorgó este beneficio alegando “razones humanitarias”, en respuesta al presunto deterioro mental y físico de Fujimori, quien estaba cumpliendo una sentencia de 25 años producto de violaciones a los derechos humanos y corrupción durante sus mandatos.
Trascendiendo las acusaciones políticas de lo que aparentemente constituye una burda negociación para salvar la permanencia en el poder de PPK, desde Revolución Democrática no podemos soslayar la indiferencia de la clase política peruana ante los procesos de verdad, memoria y justicia que el hermano país del Perú reclama. Los Derechos Humanos no son ni deben ser moneda de cambio bajo ningún contexto. La condena que estaba cumpliendo Fujimori era garantía institucional de que en un Estado de Derecho no se tolera relativismo ante tan brutales atropellos, y como medida de reparación, esta debía concretarse el respeto a la legislación peruana e internacional en materia de Derechos Humanos.
En el entendido de lo anterior, apoyamos con fuerza el recurso que presentarán familiares de las víctimas de Fujimori a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se someterán a un largo proceso legal en búsqueda de una anulación del cuestionable indulto presidencial. Asimismo, solidarizamos con la sociedad civil organizada, quienes a horas de conocer la decisión de PPK se manifestaron en las calles de Lima reclamando una reposición simbólica de la justicia que se vió fracturada con este nuevo y lamentable hecho.
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