Editorial| Congreso ideológico: Cable a tierra

Por Paula Orellana Uribe, coordinadora del Frente de Acción Cultural Comunitario de Antofagasta por Revolución Democrática.

Urge reconvertir la ideología económica dominante. La emergencia climática, los altos índices de cesantía alcanzados en 2019 y mantenidos en 2020, en medio de una crisis sanitaria, evidencian el impostergable deber de conciliar lo político, social y ambiental bajo nuevos paradigmas.

El actual modelo económico, extractivista y pilar de un poder político clientelar que genera y mantiene zonas de sacrificio, ha perpetuado la injusticia social e inequidad. Ante esta realidad, nos sentimos convocados a proponer alternativas al capitalismo, profundizando y cuestionando así, las definiciones adoptadas en el Congreso Ideológico anterior.

Algunas de los temas transversales que tendremos que repasar, en el Congreso Ideológico son, indudablemente, el feminismo, la pluralidad, la inclusión y la ecología; materias que nos permitirán reconfigurar los rumbos inimaginables del pensamiento y plantearnos nuevas metas al abordar los 3 ejes políticos sobre los que vamos a discutir: teoría política social; práctica política; programa constituyente.

A diferencia del último Congreso Ideológico realizado el 2015, hoy nos situamos en un escenario de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que arribó a Chile en un estallido social producto del sistema político, social y económico imperante. Envuelta en esta coyuntura, Revolución Democrática busca asentar nuevas bases para la toma de decisiones, redefiniendo democráticamente qué ideas, ideologías y principios serán inherentes a nuestro partido y qué cambios estructurales estamos dispuestos a empujar.

Es significativo asumir doctrinas que no sólo representen a la militancia, sino que incluyan a los movimientos sociales y a los territorios. Tal como señala Van Dijk [1998] “una ideología constituye un esquema que sirve a sus propios intereses para la representación de Nosotros y Ellos como grupos sociales”.

A nivel país mantenemos elevados índices de contaminación y, como consecuencia, problemas de salud altísimos que progresivamente se agravan en las zonas de sacrificio. A eso se suma atenciones médicas con costos sobrevalorados y falta de especialistas e infraestructura en regiones. 

Mientras la atención se concentra, incuestionablemente, en presionar al Gobierno por respuestas inmediatas que contengan la crisis sanitaria y entregue ayudas eficaces a la población, podemos ver, sin asombro, que –aunque el desempleo se disparó– la producción y las ganancias de la gran minería parecen mantenerse con cierta normalidad, y con ello la contaminación soslayada agrava los riesgos en las zonas de sacrificio.

El caso de la Región de Antofagasta es el mejor ejemplo donde se puede apreciar la contradicción misma del modelo neoliberal: un aparente éxito cuantitativo, propio de una capital minera que siendo una de las principales contribuyentes en términos macroeconómicos al PIB (10% a nivel nacional), sufre una cesantía sobre el 13% y niveles impensados de cáncer, siendo la principal causa de muerte de su población (29,4% del total de decesos), y comparativamente, la región de Chile con los más altos índices de esta enfermedad.

Más allá de los datos que nos han marcado como territorio, recientemente la autoridad sanitaria de la región de Antofagasta anunciaba que el 43% de los casos activos de covid-19 en la región proceden de la minería. Debido principalmente a las características laborales del sector, que se traduce en una alta población conmutante y flujo constante de trabajadores quienes operan por turnos, propagando exponencialmente el contagio. 

Antofagasta es una de las regiones más afectada en los últimos meses, superando los 12 mil contagios al martes 14 de julio y liderando el promedio semanal de nuevos casos a nivel nacional, capacidad al límite en cuanto a ocupación de camas críticas (sobre el 96%), lo que inevitablemente conlleva a un impacto en la tasa de mortalidad.

La presión ejercida por las organizaciones sociales, como la Mesa por el Covid-19 de Calama, han denunciado que las medidas implementadas por la industria no son suficientes, pese a que el sector anunció que están operando con la mitad de su dotación, descartando un efecto mayor en la producción. En esta línea, los movimientos sociales son enfáticos en argumentar que los protocolos deberían ser implementados por el Gobierno y las entidades institucionales pertinentes, en lugar de quedar al criterio de las mismas empresas.

Cuando en medio de una crisis de salud el Gobierno prioriza la industria por sobre la vida de las personas, nuestra razón de existencia como partido debe fortalecerse, y no sólo ser oposición ante la contingencia, sino avanzar sobre ideas y posturas frente a temas de fondo, como por ejemplo la reconversión del modelo económico-político del Estado, examinando y comprendiendo otros modelos como la Economía Ecológica.

La incidencia política que queremos se logrará participando en las conversaciones, creando nuestros propios conceptos e ideas de lo que queremos ser ante las estructuras de poder en las que nos hemos fundado, desarrollado y disputado; así como también repensando bajo cuál sustento ideológico nos activamos conscientemente en los procesos sociales. 

Definir una ideología que legitime las instancias de lucha que compartimos en la militancia, proyectando nuestra acción política hacia el bien común y entendiendo que somos protagonistas y parte de nuestros territorios, será un cable a tierra que nos permitirá llevar a cabo las transformaciones estructurales que se requieren en todos los ámbitos.

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