El miércoles 26 se inició el período de campaña para el plebiscito de abril que consultará si la ciudadanía aprueba o rechaza hacer una nueva constitución y si prefiere que se haga por medio de una Convención Constitucional Mixta, compuesta por 86 parlamentarias y parlamentarios en ejercicio y 86 personas electas para hacer la constitución, o con una Convención Constitucional de 155 personas electas en octubre próximo.
El inicio de las campañas empieza a hacer más real el camino al cambio constitucional que se inició con el acuerdo de los partidos políticos el 15 de noviembre. Ese acuerdo, impensable antes del estallido del 18 de octubre, se convirtió a fines de diciembre en una reforma constitucional que insertó en la propia Constitución de 1980 la fórmula para reemplazarla a través de un mecanismo democrático. El Congreso aprobó así incorporar al capítulo XV de la Constitución, una larga sección que parte con el plebiscito, sigue con la convención y culmina en un segundo plebiscito de ratificación, detallando plazos y mecanismos que, desde el miércoles pasado, se empiezan a concretar.
Es positivo que desde la UDI al Frente Amplio se haya logrado abrir una vía institucional a la demanda por nueva Constitución, central para superar la crisis social y política que vive el país. Como todo acuerdo entre sectores tan disímiles, la reforma aprobada no deja plenamente satisfecha a nadie. A la oposición, porque tuvo que hacer concesiones como dejar fuera de esa reforma específica los elementos de inclusión de independientes, pueblos originarios y paridad de género, teniendo que discutirse en el Congreso, un proceso que determinará la legitimidad del órgano constituyente. A la derecha, porque parte importante de ella simplemente no quiere cambiar la constitución. Para la UDI y muchos en Evópoli y RN, la reforma completa y el proceso que ella inicia son una concesión, forzada por la movilización y el apoyo que muestran distintos grupos de ciudadanas y ciudadanos a realizar un cambio profundo en nuestra democracia: uno que nos libere de los enclaves de la dictadura y de aspectos de su modelo económico y social que se profundizaron desde la transición.
De cara al plebiscito, la primera responsabilidad que tiene ahora el Congreso es ofrecer mecanismos de inclusión que permitan ampliar la representatividad en el proceso constituyente. Junto con resolver ese problema acuciante, la sociedad civil y los partidos deben hacer un esfuerzo por coordinar el llamado a votar Apruebo y Convención Constitucional. Es el momento de dejar de lado los legítimos afanes de lucha por el poder que caracterizan a la política ordinaria, y privilegiar, en esta coyuntura extraordinaria, el diálogo y la unidad para crear una constitución de todas y todos los chilenos.
