Editorial| No son sólo unos escaños, son 500 años

Por David Andrade, vicepresidente RD macrozona sur.

Los acontecimientos ocurridos las últimas semanas a propósito de la huelga de hambre de distintos comuneros mapuche en las cárceles de Angol, Lebu y Temuco, que tuvo su momento más álgido durante la tomas y posteriores desalojos de varios edificios municipales de la Provincia de Malleco, han vuelto a poner sobre la mesa la discusión en torno a los escaños reservados para pueblos indígenas, una de las últimas materias pendientes de cara al plebiscito del 25 de octubre.  

Aquí es necesario detenerse y precisar los lamentables hechos acontecidos la madrugada del domingo 2 de agosto de este año, donde un grupo de mapuche que mantenían en toma la Municipalidad de Curacautín, como medida desesperada de apoyo a los comuneros en huelga de hambre, fue atacado por un grupo organizado de civiles chilenos, quienes al grito de “El que no salta es mapuche”, quemaron sus camionetas y procedieron a agredirles causándoles heridas de diferente consideración. Esto ante la mirada pasiva de las Fuerzas de Orden Público y en horario en que ya regía el toque de queda impuesto por la autoridad. Todo esto en el marco de la constante negativa del Gobierno para atender las demandas de los comuneros, que en primera instancia solicitaban diálogo como un mínimo para llegar a ciertos entendimientos.

Una mirada superficial de estos hechos podría encuadrar la actitud de este sector de civiles chilenos organizados en la mal llamada “justicia popular”, o “justicia por mano propia”, pero el escenario, el telón de fondo y los actores aquí involucrados, no dejan lugar a dudas que se trata de la extensión del racismo colonial que se viene ejerciendo desde hace cientos de años en contra de los pueblos indígenas, y que constituye una de las peores violencias, similares a las que emanan desde el machismo y la homofobia, por ejemplo.

Al respecto, el historiador e investigador mapuche Sergio Caniuqueo Huircapan señala lo siguiente: Para que una persona violente a otro, debe tener total certeza, en su fuero interno, de que esa acción se autojustifica. Es decir, esa violencia está totalmente inmersa en el sentido común. Como lo concebía Walter Benjamin, en su pequeño texto, ‘Para una crítica de la violencia’, esa es la violencia más peligrosa, porque llega a ser constituyente de los individuos: ha superado a la violencia mítica o de la creencia, y la violencia asegurada en el derecho. Es una violencia divina o que está inserta en un proyecto civilizatorio de realización, es decir, es ontológica”.[i]

¿Ante este escenario qué podemos hacer? Lo primero es darnos a una reflexión que nos lleve a una revisión individual respecto a la mirada que tenemos hacia los y las hermanas de los pueblos indígenas con quienes compartimos este amplio territorio, pero también debemos hacer una revisión  colectiva, como organización política, respecto a cuál será el rol que cumpliremos como actores de cara al racismo con su lógica colonial y a la deuda histórica del Estado para con los pueblos indígenas.

Sin duda es un tema sumamente complejo y me gusta pensar que de la misma manera que el movimiento feminista emplaza, molesta e incomoda a quienes consiente e inconscientemente insisten en la práctica de las lógicas patriarcales, el movimiento reivindicatorio de la lucha por la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas también emplaza, molesta e incomoda a quienes insisten consciente o inconscientemente en llevar adelante una concepción colonialista hacia éstos.

Las expectativas que se nos abren en torno al proceso constituyente son múltiples y nos otorgan la  oportunidad histórica de escribir una Constitución que por primera vez en nuestra historia emanará del diálogo de un amplio espectro de actores de nuestra sociedad y ante tal escenario, legislar para abrir la posibilidad de que exista presencia de representantes de los pueblos indígenas, mediante la implementación de escaños reservados, es un mínimo que debe ser leído como un pequeño aporte en la construcción del camino que nos conduzca  al reconocimiento de su autonomía y autodeterminación, y por ende, de su rol como actores políticos relevantes, entendiendo que esto no se trata sólo de unos escaños, sino de una deuda histórica de más de 500 años.

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