Durante las últimas semanas, dos carabineros, Patricio Maturana y Claudio Crespo, fueron detenidos como principales imputados por las lesiones graves causadas a Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, respectivamente. Si bien este avance en la investigación de ambos casos es una señal de justicia, es tardío e insuficiente.
No ha existido prácticamente una respuesta del Estado, los procesos de investigación han sido lentos y sobre las responsabilidades institucionales poco se ha hecho, considerando que Carabineros es una institución cuya jerarquía implica subordinación de mando y de órdenes. A los casos de Fabiola y Gustavo se suman cientos de víctimas oculares. Los informes internacionales de derechos humanos señalaron, entre otras cosas, que Carabineros es la principal institución responsable de las violaciones ocurridas a partir del 18 de octubre. Es imprescindible que se adecúen protocolos y el uso de la fuerza a estándares internacionales que garanticen protección de los derechos humanos, que avance en el Congreso el proyecto recientemente presentado para prohibir el uso de perdigones y balines, entre otras armas que se usan como elementos disuasivos.
Hace unos meses como Frente Amplio presentamos también una propuesta por “Una nueva policía para Chile”. En ella compartimos un diagnóstico que también voces expertas lo han señalado: Carabineros es una institución muy necesaria para el país, pero cuyo funcionamiento se ha ido desligitimando con el tiempo especialmente por el abuso policial, la ineficacia de sus investigaciones en actos de corrupción y una formación que no va acorde a la modernización que se requiere hoy de una policía que enfrente al mismo tiempo actos delictuales y dé garantías de protección a las libertades públicas.
La crisis de legitimidad que sufre Carabineros requiere de una revisión de su estructura, muchas de las irregularidades se han sustentado en los privilegios de los altos mandos y eso permite, como en los casos de Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, la ausencia de responsabilidad institucional hasta ahora. Otro ejemplo reciente sobre el comportamiento institucional es el caso de la carabinera Norma Vásquez, quien fue presuntamente asesinada por otro miembro de la institución al que había denunciado antes por intento de violación. No solo la máxima autoridad policial, Mario Rozas, no concurrió a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género del Congreso para dar cuenta del proceder institucional en este caso, existen precedentes que están siendo investigados sobre las medidas de protección que no se implementaron.
Esta crisis se ampara en la falta de subordinación al poder civil y al carácter militarizado de su cultura. Ambos puntos centrales a considerar en cualquier cambio institucional, debate por cierto que puede ser parte de la discusión constitucional acerca de los principales órganos del Estado, sus funciones y las normas que los rigen.
El proceso que estamos viviendo con el plebiscito de octubre abre varias conversaciones para el país. Una de ellas debe ser cómo enfrentar desde una institución moderna y profesional y con mayor equidad en sus filas, los problemas relacionados con el orden público, sin que ello afecte los estándares de protección a los derechos humanos. Esto implica, entre otros aspectos, avanzar en una formación más integral a los cuadros policiales, en la revisión de su estructura funcional y jerárquica, en la implementación efectiva de una política de género y no discriminación, en la activación de mecanismos de transparencia sobre gastos y procedimientos y en una distribución territorial más equitativa en cuanto a recursos y dotación de personal.
Necesitamos una institución en la que podamos volver a confiar, donde el cumplimiento de sus funciones sean fiscalizadas efectivamente por el poder civil ¿Desde dónde pensar esa nueva institucionalidad? El proceso constitucional abre un escenario propicio para discutir el Chile qué queremos y qué necesitamos. En ese arco de necesidades y aspiraciones ciudadanas se debe pensar dónde se garantizan las libertades públicas y su protección. Para garantizar que nunca más vuelvan a ocurrir hechos tan graves como el disparo de bombas lacrimógenas y balines al cuerpo de personas en contexto de manifestaciones y asegurar justicia, reparación y garantía de no repetición.
