Probablemente una de las consecuencias más importantes de esta crisis COVID-19 para la política pública en Chile es la nula pertinencia y efectividad de los principios que han dominado el diseño de ésta desde los 80s, y la identificación de lo que sí resulta. Las políticas públicas tradicionales diseñadas en Chile siguen ciertos principios establecidos en la Constitución de 1980 que tienen su base en la seguridad individual, el estado mínimo y subsidiario y la privatización. Son las bases de lo que se conoce como neoliberalismo. En términos muy específicos, esto implica que cada individuo debe prever cómo se asegura para tiempos difíciles, ya sea con cuentas privadas de ahorro o ayudas mínimas del estado para quienes no pueden ahorrar, incluyendo la mayoría de las políticas sociales una importante participación del sector privado.
En medio de esta crisis, el gobierno ha seguido con esta tradición focalizando ayudas que quedan lejos de las necesidades actuales. Esta focalización requiere un esfuerzo enorme en tiempo y recursos técnicos para identificar quién lo necesita, tiempo que en esta crisis no se tiene. Además, como el gobierno ha llegado tarde y de manera poco generosa, la ciudadanía ha optado por exigir acceso a su ahorro privado. Finalmente, muchas empresas proveedoras de servicios sociales, al ser financiadas por el mercado, se encuentran también en problemas, y ahí las del sector de la salud específicamente se han tenido que sumar a los objetivos públicos y trabajar de manera coordinada con el Estado.
Otro camino se hace necesario. Es claro que este diseño de política pública no responde en estos tiempos de crisis, y esto no se nos debe olvidar. Las políticas sociales deben estar diseñadas para responder justamente en estos tiempos y la manera en que mejor responden es cuando están basadas en la idea de seguridad social, derechos sociales y financiamiento público. En la idea de que todos tenemos el deber de contribuir en la medida de nuestras posibilidades, y acceder a beneficios en momentos en los que necesitemos. Eso es lo que está funcionando en el mundo. Diría yo que en Chile el único espacio que responde a esa lógica es el Fondo de Cesantía Solidario. Un fondo de reparto que no es propiedad de nadie en particular, sino de todas y todos los trabajadores.
A propósito de esto, desde la oposición se ha propuesto una agenda de medidas que creemos construyen en este sentido, tomando en cuenta la urgencia y la necesidad de cambiar de mirada. En primer lugar, la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia a la clase media, ya que en estos momentos está llegando solamente a un tercio de los hogares, quedando fuera los sectores medios.
En segundo lugar, es necesario extender los beneficios del Fondo de Cesantía Solidario para que no bajen las tasas de reemplazo y disminuir las condiciones de acceso en este período. En tercer lugar, es necesario aliviar los gastos de los hogares, tanto en sus deudas como en sus costos fijos. También se propone suspender los pagos de créditos universitarios e hipotecarios, además de suspender los cortes de servicios básicos temporalmente.
En tercer lugar, se llama a extender el Postnatal de Emergencia, y complementariamente ayudar a las familias con hijos pequeños que requieren de cuidados en el hogar, dado el no acceso a servicios educativos y de cuidados.
Por último, en el contexto de la reforma constitucional para el retiro parcial de los fondos de pensiones de ahorro individual, se propone la creación de un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, similar al del seguro de cesantía, que permita en el futuro responder al derecho a la seguridad social.
Necesitamos construir una nueva política pública, que sea pertinente, bajos principios de solidaridad como la responsabilidad colectiva, que considere que como ciudadanos/as de este país tenemos derechos. Tener este tipo de diseño requiere igualmente de mayor gasto fiscal y eso también necesita de mayores impuestos para una política fiscal responsable y sostenible. Por eso no nos podemos olvidar que necesitamos un nuevo pacto fiscal que haga que las consecuencias económicas se paguen de manera progresiva. Necesitamos, en definitiva, construir una sociedad más igualitaria.
