Esta mañana llegó a la sede de Comunes Beatriz Sánchez junto a los presidentes de partido de la colectividad; Javiera Toro (Comunes), Gael Yeomans (Convergencia Social), Catalina Pérez (Revolución Democrática) y Luis Felipe Ramos (Partido Liberal).
Ante el anuncio del proyecto FONASA por parte del presidente, los representantes del conglomerado emplazaron al gobierno a dejar las reformas parche para garantizar realmente los derechos sociales dentro de la agenda corta.
La líder del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, expresó que las propuestas del gobierno no van en el sentido de la movilización: “Queremos una agenda social donde verdaderamente se toquen los privilegios, las excesivas ganancias que hay en grandes negocios respecto a derechos sociales. Queremos más derechos y menos privilegios, poniendo atención en áreas específicas; Salud, Educación, Pensiones y Salarios”.
En esta línea, el FA presentó cuatro propuestas urgentes para enfrentar la agenda social en materia de salud, educación, pensiones y salarios.
En salud, la presidenta de Comunes, Javiera Toro, declaró: “queremos más salud y menos negocio, ayer tuvimos un anuncio del presidente absolutamente insuficiente, que toma la retórica de un Seguro Universal, pero en verdad no plantea un Seguro Universal (…) Cuando nosotros decimos Seguro Universal, decimos que todo el financiamiento, todas las cotizaciones de trabajadoras chilenas y chilenos tiene que ir al mismo fondo para financiar, decimos que se tiene que fortalecer la salud pública y decimos que tenemos que tener un sistema más justo en materia de medicamentos”.
Por su parte, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, aseguró que la propuesta del gobierno perpetúa el modelo de desigualdad en la salud: “Hacer una reforma profunda al sistema de salud hoy es un mínimo ético y el proyecto presentado por el gobierno no cambia las reglas del juego y no toca en absolutamente nada el modelo. Mantiene una salud para ricos y otra para pobres. Y el factor integrado de solidaridad también es segregado entre los que pueden optar a una isapre y los que tienen que estar en fonasa. Hoy Chile necesita un fondo único solidario, con un administrador único público, que asegure cobertura universal”
En educación el Frente Amplio ingresó en el Congreso los proyectos de despenalización y fin al DICOM para enfrentar las deudas por estudiar, ambas iniciativas construidas junto al mundo social.
En este sentido, Javiera Toro manifestó que una de las urgencias es poner fin al CAE: “Hay que ponerle fin al CAE de manera inmediata e implementar un mecanismo transitorio que sea solidario y que no repita los abusos que tiene el sistema actual. Debemos avanzar en el compromiso con la reparación y los abusos que han vivido los endeudados por estudiar y eso tiene que incluir un diálogo con estudiantes, con endeudados y con la banca, porque aquí la banca ha producido un inmenso daño a las familias chilenas, mientras se llena los bolsillos”.
Además, sobre la urgencia de legislar en áreas como pensiones y salarios, la líder de Comunes, expresó que “el Frente Amplio se adhiere a la propuesta de la Coordinadora No Más AFP para cambiar el sistema de pensiones a largo plazo, aunque también necesitamos reformas urgentes a corto plazo”.
Para mejorar las condiciones de los pensionados, Toro planteó que: “hay que aumentar en un 50% la pensión básica solidaria y avanzar de manera gradual a la verdadera universalidad porque hoy día solo es para el 60% de la población, entonces debemos llegar al 80% y al 100% porque es impresentable que tengamos pensiones de miseria (…) Además hay que aumentar la cotización adicional a un 6% de manera gradual, de cargo del empleador y que vaya completamente a un sistema solidario”.
Por último, la presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomans, se refirió al aumento enel salario mínimo: “Creemos que la agenda social del Gobierno es absolutamente insuficiente y desconectada de la realidad instalada en las calles, con los trabajadores y trabajadoras. El Gobierno dice “queremos aumentar con un subsidio del Estado sin que los empleadores paguen, sin que los grandes empresarios paguen el aumento del salario mínimo, y en cambio que sea con plata de todas y todos los chilenos, frente a esto nosotros planteamos la necesidad de tener un salario de 550.000 pesos para que las familias superen la línea de la pobreza. Un avance, sin dejar de lado a las PYMES”.
