Oposición acuerda piso mínimo para una *Renta Básica de Emergencia*

Revisa la declaración:

26 de Abril 2020
RENTA BÁSICA DE EMERGENCIA.
PROPUESTA DE MÍNIMOS COMUNES
BANCADAS DE OPOSICIÓN

El presente documento, representa un esfuerzo de integración de elementos conceptuales y técnicos, mínimos y comunes de los comités de oposición más abajo firmantes. Esta propuesta se hace de cara al país, para enfrentar la actual situación de crisis socioeconómica y sanitaria que vivimos, en especial con respecto al otorgamiento de una renta básica de emergencia.
Hemos observado con preocupación, la seguidilla de proyectos -y correcciones a los mismos- que ha estado realizando el Gobierno, los que no permiten dar soluciones reales a los bolsillos de las chilenas y chilenos. El Gobierno ha planteado entregar soluciones para trabajadores informales que pertenecen al 60% más vulnerable, de manera fragmentada y focalizada, siguiendo la lógica del bono Covid-19 y, un proyecto del cuál todavía no se conoce detalles, una cobertura a independientes a honorarios . La propuesta contenida en el presente
documento pretende corregir esa insuficiencia.
La crisis sanitaria y económica global que enfrentamos no discrimina en el impacto profundo a los ingresos de la inmensa mayoría de los hogares. Por eso, exigimos un compromiso del Gobierno con los hogares afectados con esta crisis, sin exclusión, que abarque las familias más vulnerables y a los sectores medios de nuestro país. Esto, dada la desigual distribución de riqueza en Chile, corresponde al menos a los hogares que se encuentran dentro del 90% de menores ingresos, que en este período forzosamente han ingresado a una situación de vulnerabilidad por haber perdido o disminuido considerablemente sus fuentes de ingreso.
La magnitud de la crisis pone en riesgo la subsistencia de hogares que habitualmente no requieren mayor apoyo por parte del Estado. Hablamos aquí, de trabajadores a honorarios, dueñas de casa, pensionados que trabajan y de los propios trabajadores que hoy han visto suspendidos sus empleos y disminuidos sustancialmente sus ingresos y de esos independientes y
pequeños emprendedores, quienes se han enfrentado a esta crisis con angustias y preocupaciones. Si queremos que el cuidado de la salud sea la prioridad, debemos encontrar mecanismos que permitan que la mayor cantidad de familias se puedan quedar en sus casas.
Contenido de la propuesta.
¿En qué consiste el beneficio?
Consiste en la entrega de un monto a las familias pertenecientes del 90% más vulnerable sin contraprestaciones asociadas que complemente sus ingresos y garantice que todas ellas tengan ingresos sobre la línea de la pobreza. Lo anterior, de forma pareja por un período de 4 meses.
¿Quiénes serían los beneficiarios?
Accederán al beneficio las familias del 90% más vulnerable que reportan ingresos mayoritariamente informales o, en el caso de las familias con ingresos mayoritariamente formales, todas aquellas que estén bajo la línea de la pobreza.
Cabe decir, que esto implica aumentar la cobertura del 60% inicial propuesta por el Ejecutivo al 90%, además de incorporar a quienes tienen ingresos formales, pero que aún están por debajo de la línea de la pobreza. y así asegurar una protección a la clase media.
¿Cómo sería el beneficio recibido?
Para todas las familias pertenecientes al 90% más vulnerable cuyos ingresos son mayoritariamente informales, el monto del beneficio recibido debe ser igual a la línea de la pobreza por hogar. Es decir, según los datos de Marzo 2020 del Ministerio de Desarrollo Social serían los siguientes:
Montos de la línea de la pobreza según n° de integrantes del hogar
1 $170.581
2 $277.109
3 $368.057
4 $450.165
5 $526.270
6 $597.910
7 $666.037
8 $731.295
9 $794.144
10 $854.928

NOTA: El promedio de integrantes del Hogar según CENSO 2017 es 3.1.

Para todas las familias pertenecientes al 90% más vulnerable cuyos ingresos formales los ubiquen debajo de la línea de la pobreza por hogar, se entregará una renta complementaria de emergencia igual al diferencial entre el ingreso formal reportado y la línea de la pobreza. Ejemplo: Si un
sostenedor o sostenedora de familia de 4 personas, recibe $350.000 entonces el subsidio
corresponde a $100.165.
¿Cual es el costo fiscal de la medida?
En la siguiente tabla se cuantifica el costo fiscal de la propuesta en términos del trabajo informal:
Esta propuesta es 2.8 veces la cantidad de recursos mensuales que el Gobierno ha propuesto
asociados al trabajo informal. Y en términos totales, el costo de la política propuesta, por un
período de cuatro meses asciende a $3.426 MM USD.
Adicionalmente, se debe considerar el gasto fiscal asociado a la Renta Complementaria de
Emergencia para el resto de los hogares, el cual no es posible estimar con la información pública
disponible y sin la actualización del RSH.
Lo anterior es perfectamente factible desde un punto de vista fiscal. Para financiar la diferencia
entre lo propuesto por el Gobierno y lo aquí presente, se propone o aumentar la deuda pública o
que sea pagado con el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), o una combinación
de ambos. Este fondo contaba con US$10.812 MM a fines del 2019, y el el Gobierno, según su
Informe de Finanzas Públicas, sólo ha planificado utilizar US$ 1.500 MM por conceptos de la
crisis sanitaria.
NOTA: La CEPAL ha abogado por la instauración de una renta básica en América Latina y
estima un costo en la región de 4,7% del PIB.
Aspectos no legislativos a considerar en un eventual “protocolo” que acompañe la
aprobación del proyecto:
i. Actualización del Registro Social de Hogares (RSH). Se deben considerar medidas
especiales de actualización del RSH. La concesión del “Bono Covid-19” ha demostrado
que debe contarse con un periodo de actualización especial del registro, para esta
situación de catástrofe, ya que al momento de medir la situación actual de las familias, no
se está dando cuenta finalmente de ello y esto implica dejar hogares sin el beneficio. Para
tal efecto se deben tomar medidas extraordinarias de coordinación entre las distintas
entidades públicas que aportan datos administrativos al registro y con los municipios,
quienes verifican la información autoreportada por los hogares.
ii. Periodo de actualización abierto del RSH mientras se esté entregando la
prestación. En tal sentido, consideramos que el RSH debe mantenerse “abierto” a su
actualización durante todos los meses que dure la prestación, de manera tal que los
hogares que cumpliendo los requisitos de vulnerabilidad, puedan integrarse y que aquellas
que por efectos de la emergencia sanitaria y económica ingresen a las categorías de
vulnerabilidad protegidas en los meses venideros o que no estén inscritos, puedan
acceder al RSH en el momento que reúnan las calidades requeridas para acceder a las
prestaciones de emergencia.
iii. Dinamismo en el Registro. En el mismo sentido del punto anterior, se debe permitir
en relación con la actualización del Registro, que:
- La prestación opere de manera retroactiva cuando una familia no haya accedido a
ella por no haber estado registrada o por no tener completado su proceso de
actualización de información, sin perjuicio de reunir las calidades requeridas para
acceder. Por ejemplo, si una familia sólo puede registrarse o actualizar su
información en el mes 2 de concesión de la prestación, pero desde el mes 1
reunía las características, se le entregue de manera retroactiva la prestación
correspondiente al mes 1.
- Que familias que en el mes 1 no hayan calificado para acceder a la prestación por
no encontrarse en situación de vulnerabilidad, pero si pasen a estarlo en el mes 2,
puedan incorporarse entonces, recibiendo desde ese momento la prestación.
- No se debe permitir que la actualización signifique salir de los perfiles acordados.
- Se debe establecer un procedimiento de apelación especial en el Registro, donde
los hogares puedan solicitar la reconsideración de su clasificación
socioeconómica.
- El Ejecutivo deberá rendir semanal o quincenalmente el estado de avance del
proceso de entrega de beneficios, inscripción del RSH, actualización del RSH en
la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados.
iv. Mejorar las plataformas digitales de manera de hacer más accesible y fácil la
inscripción.
v. Entrega del Beneficio: Con el objeto de evitar situaciones como las ocurridas durante
la entrega del Bono COVID 19, la que produjo grandes filas y aglomeraciones de
personas fuera de los bancos, debido a la falta de información clara y oportuna, el
Gobierno deberá comprometer las siguientes medidas:
- Que la prestación se entregue de forma automática y no postulable a los beneficiarios.
- Realizar una campaña de difusión en redes sociales y medios de comunicación de alcance
nacional.
- Priorizar la entrega del beneficio por medio del depósito bancario.
- Informar claramente las formas en las que se puede cobrar el beneficio.
- Habilitar una plataforma telefónica para atender problemas y consultas de los
beneficiarios.
Comentarios sobre la propuesta del Gobierno:
1. La propuesta del Gobierno es “hiper-focalizada” en el sentido que no sólo está
restringida al 60% más vulnerable, si no que también sólo toma en consideración a las
familias de trabajadores informales. De esta manera la propuesta de oposición,
disminuye o subsana en parte, las debilidades e insuficiencias de los proyectos anteriores
(Bono Covid-19 y Protección al Empleo), ampliando el universo de beneficiarios de la
prestación hasta márgenes más propios de una Renta Básica de Emergencia. Lo anterior,
permite reconocer el real impacto de esta crisis al interior de los hogares chilenos.
2. Sobre la idea de gobierno, llama la atención la falta de racionalidad social de la
condición de “decreciente” de la prestación. No hay explicaciones plausibles para
sostener una prestación que sea decreciente en el tiempo, porque:
- Es más probable que la situación económica de las familias sea peor hacia el tercer
mes sin generar ingresos o con problemas para generarlos, razón por la cual se dejaría
más desprotegidas a las familias en el momento más complejo.
- Si la propuesta de gobierno considera un costo fiscal de US$ 300 MM por mes, no habría
razón para hacerla decreciente, salvo que el proyecto ya considere la posibilidad de
aumentar el universo de beneficiarios durante el curso de la entrega del beneficio.
- Si la idea es motivar la búsqueda de trabajo de las personas, se olvida que éste no es un
contexto de pura crisis económica, sino que proviene de una crisis sanitaria previa
que impide a las personas procurarse empleo o ingresos, porque ello representaría un
riesgo para la salud y la vida de ellos y sus familias, y de la población en su conjunto.
3. El monto propuesto por el Gobierno es insuficiente, porque no se alínea con
ningún parámetro de subsistencia acorde a aquellos presentes en distintos
instrumentos vigentes en Chile:
- No se alinea con el salario mínimo. El ingreso que el proyecto asegura a una familia de 4
personas es de $260.000 y el ingreso mínimo de esa familia, asumiendo que sólo uno de
los miembros trabaja por el salario mínimo, sería de $320.500.
- Del mismo modo, tampoco se alínea con el subsidio para garantizar un ingreso mínimo
bruto de $380.000 para llegar a un ingreso líquido de $300.000.
- No se alínea tampoco con los parámetros mínimos para superar a la línea de la pobreza o
siquiera para superar la pobreza extrema. Tomando el ejemplo dado en el comunicado
presidencial ($260.000 para 4 integrantes), el ingreso familiar de emergencia de forma
autónoma, no se encuentra por sobre el valor de la línea de la pobreza ($450.165 para 4
integrantes), ni siquiera por encima de la línea de la pobreza extrema ($300.110 para 4
integrantes).
En este orden de ideas, debería avanzarse a un monto de la prestación, que ponga el foco
en el objetivo de la política pública y no de restricciones presupuestarias no explicitadas.
Aceptar la solución propuesta por el gobierno implica aceptar que los hogares
chilenos deban afrontar el periodo de crisis con ingresos que de acuerdo a los
sistemas de medición, no servirían siquiera para satisfacer sus más mínimas
necesidades de vivienda, abrigo o alimentación.
4. Finalmente, se hace un llamado al Gobierno a no dilatar más la entrega de soluciones
concretas y directas para los chilenos y chilenas. Ha tardado en dar respuestas al
compromiso de destinar un fondo de US $2.000 MM, el que no puede mantener
descansando mientras los hogares se enfrentan diariamente a esta crisis.
Alejandra Sepúlveda
Comité Regionalistas-Independientes
Alexis Sepúlveda
Comité Partido Radical
Camila Vallejo
Comité Partido Comunista
Claudia Mix
Comité CS-Comunes-Liberales
Giorgio Jackson
Comité Revolución Democrática
Joanna Pérez
Comité Democracia Cristiana
Luis Rocafull
Comité Partido Socialista
Raúl Soto
Comité Partido por la Democracia

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